Ampliar los permisos por nacimiento de las 16 semanas actuales hasta las 20 semanas, desarrollar el reglamento para garantizar los derechos de las personas trans en particular y del colectivo LGTBI en general, y seguir combatiendo la violencia de género. Son los tres puntos principales que mencionó Ana Redondo como responsable del Ministerio de Igualdad en el nuevo gobierno en el traspaso de cartera. Será en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, “previsiblemente en enero”, según fuentes de la cartera, donde se defina la agenda del Ministerio de Igualdad de 2024 en adelante.
Ley de paridad: el primer anteproyecto que impulsa la agenda del Ministerio de Igualdad en 2024
Una de las principales cuestiones de la hoja de ruta del nuevo ministerio es impulsar la ley de paridad hasta su aprobación. Ha sido una de las primeras tareas de Ana Redondo: llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación. La norma, que contempla medidas como la obligatoriedad de las “listas cremallera” en las candidaturas del ámbito político, estaba ya en trámite en la anterior legislatura, pero decayó con la convocatoria de elecciones generales para el 23-J.
La ley de paridad se convierte así en el primer anteproyecto de ley aprobado por el nuevo Gobierno en esta legislatura —y en el primero que impulsa la agenda del Ministerio de Igualdad en 2024—. Esta norma supone una actualización de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007, estableciendo la obligación de que se garantice la presencia de, al menos, un 40% de miembros del género menos representado en los ámbitos políticos, constitucionales, administrativos y empresariales del país. Además, contempla la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para establecer las llamadas “listas cremallera” en todas las elecciones. A través de este sistema, las listas de toda candidatura estarán integradas por personas de uno y otro género ordenadas de forma alternativa.
En cuanto a conciliación, el Gobierno ha anunciado su intención de comenzar con los trámites para ampliar los permisos de maternidad y paternidad, pasando de 16 a 20 semanas. Aún no se ha realizado ninguna acción relativa a esa medida, aunque el Gobierno prevé que se lleve a cabo a lo largo de 2024.
Violencia de género y violencia sexual: del Pacto de Estado a los centros de crisis
El año 2023 ha cerrado con 55 mujeres asesinadas, seis más que en 2022. La ministra Ana Redondo señalaba, en el traspaso de cartera, que el nuevo Ministerio de Igualdad tendrá como prioridad “combatir la lacra de la violencia de género”. En el acuerdo entre PSOE y Sumar, dos de las cuestiones principales son renovar y blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como mejorar la monitorización de las víctimas a través del sistema VioGén y fomentar la detección de casos a través del sistema sanitario.
En cuanto a la ley de libertad sexual o ley del ‘solo sí es sí’, una de las tareas pendientes es la creación de los centros de crisis 24h para atender a víctimas de violencia sexual. De los 52 que deberían estar en funcionamiento, solo hay cuatro. Redondo, en la comparecencia del 7 de diciembre, puntualizó precisamente la necesidad de acometer esta tarea por parte de las CCAA.
Aborto en la pública: una tarea pendiente de las CCAA
La implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en los centros sanitarios públicos también es tarea de las CCAA. La reforma de la ley del aborto estableció que los abortos de deben realizar en la red sanitaria pública. Para ello, las comunidades autónomas deben crear un registro de objetores de conciencia con el fin de que los hospitales organicen sus servicios procurando que siempre haya personal disponible para atender esta prestación.
Aunque la competencia es autonómica, la cartera de Redondo debe procurar el correcto desarrollo reglamentario de la norma como parte de la agenda del Ministerio de Igualdad en 2024. Ya en mayo de 2023, la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, envió una carta a todas las CCAA instando a que estas garantizasen la prestación de la interrupción del embarazo en centros públicos, atendiendo, además, al criterio de proximidad —para que las mujeres no tengan que hacer grandes desplazamientos ni viajar para abortar—.
La agenda del Ministerio de Igualdad 2024 en derechos LGTBI: un Pacto de Estado
El desarrollo del reglamento de la ley trans y LGTBI estatal también está pendiente, como reconoció Ana Redondo. En el traspaso de cartera, la ministra se comprometió a llevarlo a cabo, por lo que este es uno de los puntos de partida de la agenda del Ministerio de Igualdad en 2024. Un desarrollo reglamentario en lo que compete, principalmente, a las administraciones públicas y a las empresas.
En el ámbito de la diversidad sexual y de género, el acuerdo de PSOE y Sumar habla de impulsar un Pacto de Estado LGTBI para “erradicar los discursos de odio y discriminación”, algo que la recién nombrada ministra de Igualdad ha reiterado de forma expresa, por lo que esta sería una de las tareas a impulsar. Uno de los objetivos del pacto sería “erradicar las mal llamadas terapias de conversión”. Actualmente, la ley trans y LGTBI estatal las prohíbe, pero no están criminalizadas (no suponen un delito). Precisamente la criminalización de las terapias de conversión sería una de las apuestas principales de la agenda del Ministerio de Igualdad si decide cumplir este compromiso.
Habrá ley de trata, ¿la habrá también de proxenetismo?
El anteproyecto de ley de trata fue aprobado en el Consejo de Ministros en primera ronda, pero no llegó a tramitarse porque decayó con la convocatoria de elecciones. En primera instancia, la elaboración del anteproyecto iba a recaer en manos del Ministerio de Igualdad, pero finalmente acabó en la cartera de Justicia, con Pilar Llop al frente en ese momento. Recuperar la ley de trata e impulsar su aprobación sí es uno de los objetivos del Ministerio de Igualdad, como explican fuentes de esta cartera. Sin embargo, se desconocen los detalles: si el texto será similar al propuesto inicialmente por Justicia y si la tarea recaerá principalmente en Igualdad.
En cuanto a la ley de proxenetismo, que fue una de las grandes apuestas del grupo parlamentario socialista en la anterior legislatura, ninguno de los acuerdos alcanzados para la formación del nuevo gobierno mencionaba la prostitución, a pesar de que los socialistas sí lo llevaban en su programa: “Aboliremos la prostitución. Desarrollaremos una ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, que incluya el castigo de la tercería locativa y la sanción a los proxenetas”. Esto en lo que se intentó llevar a cabo en el proyecto de ley registrado por el PSOE en solitario, que llegó a tramitarse pero que también caducó. La incógnita es si el Ministerio de Igualdad, ahora en manos del PSOE y no en manos de Unidas Podemos, que se oponía a esta norma, retomará esta proposición y de esta forma. O si abordará la prostitución desde otro ángulo normativo.
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