El ministro de Justicia, Félix Bolaños, criticó el hecho de que la acusación popular sea “hoy una herramienta que usan las organizaciones ultras para perseguir a personas progresistas”.
- Lo dijo para justificar los límites a la hora de acogerse a esta figura en un proceso penal que busca introducir el Gobierno con la ley orgánica de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal.
- Entre otras cosas, la medida restringe el tipo de organizaciones que pueden ejercer la acusación popular o el número de delitos contra los que se puede usar, según detalló Bolaños en rueda de prensa el 28 de octubre.
Con todo, organizaciones de diversa índole -no solo “ultras”- se han personado como acusación popular en multitud de casos de corrupción en la historia judicial reciente.
- Contexto. Esta figura se entiende como la posibilidad para cualquier ciudadano o entidad de ejercer la acción penal y es una particularidad del sistema judicial español: no existe en otros países europeos, al menos, con las mismas características, como nos explicaban los expertos aquí.
Algunos ejemplos. En los últimos años, ha habido varios casos de corrupción en los que la acusación popular se ha utilizado por parte de distintas organizaciones sociales o de entidades consideradas progresistas.
En el “caso de los trajes”, una rama de la trama Gürtel en Valencia, por el que se investigaron las donaciones de empresarios al PP a cambio de adjudicaciones de obra pública, el propio PSOE en la Comunidad Valenciana ejerció la acusación popular, como contaba el partido en una nota de prensa. Algo que, con la nueva medida del Gobierno, no podría hacer, ya que impide que los partidos políticos se acojan a ella.
- Dentro de esta investigación, en la pieza separada de los papeles de Bárcenas (el extesorero del PP), fueron Izquierda Unida y la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), además de Ecologistas en Acción, los que se personaron como acusación, según detallaba la Agencia EFE en 2017.
En el caso Bankia, por el que se juzgó la salida a Bolsa de la entidad financiera, fue el colectivo social 15MpaRato el que, en 2018, se acogió a esta figura legal para participar en el proceso judicial, como recuerdan en su web.
En el caso Caja España, que partió de una denuncia de Izquierda Unida por administración desleal contra la entidad financiera, fue este partido el que ejerció la acusación popular (página 2).
En el caso Pujol, por el que se juzga al expresident de la Generalitat, Podemos, aunque terminó retirándose en 2024, se presentó como acusación popular, según informaba el diario Ara.
En el caso Prestige, por el que se juzgó a los responsables del vertido tóxico en las costas gallegas en noviembre de 2002, se personaron organizaciones sociales como la asociación ecologista Arco Iris o la plataforma Nunca Máis, como consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña (página 4).
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