El Gobierno ha acordado con Podemos impulsar una regularización extraordinaria de personas migrantes. La eurodiputada Irene Montero anunció el pacto el pasado lunes 26 de enero y, un día después, el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación urgente de esta medida, que permitirá normalizar la situación de alrededor de 500.000 personas extranjeras que viven en España.
- En este contexto, ha vuelto a resurgir en redes sociales la narrativa de desinformación que equipara regularizar con nacionalizar y sostiene que el acuerdo busca “sustituir” o “modificar” el censo electoral para que los partidos firmantes “consigan votos” en las próximas elecciones.
Acuerdo de regularización. La medida acordada otorga una autorización de residencia con permiso de trabajo durante un año a aquellas personas extranjeras que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos. Tras este período, los beneficiarios podrán acogerse a los permisos ya contemplados por la legislación.
- Requisitos. No tener antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, haber estado viviendo en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y haber residido en el país de manera continuada como mínimo cinco meses antes de realizar la solicitud, entre otros.
¿Es lo mismo que nacionalizar? No. La regularización otorga a una persona migrante un permiso de residencia temporal en territorio español, mientras que la nacionalidad da a un la ciudadanía española, con todos los derechos que eso conlleva y que están contemplados en los permisos temporales.
“No se puede nacionalizar a una persona que esté en situación irregular”, explica a Newtral.es Carlos Arce, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba.
Derecho a voto. Pese a que varias publicaciones señalan un supuesto interés electoral por parte del Gobierno y Podemos, el derecho al voto de la población migrante regularizada es un tema complejo. Arce señala cinco categorías en este sentido:
- Personas nacionalizadas. Tienen pleno derecho de votar y presentarse como candidatas en todas las elecciones (sufragio activo y pasivo, respectivamente), ya sean europeas, generales, autonómicas o municipales.
- Personas con nacionalidad europea. Aquellos ciudadanos que sean nacionales de un país de la Unión Europea distinto a España pueden participar en los comicios europeos y en los municipales (sufragio activo y pasivo); pero no en los autonómicos ni generales. La peculiaridad en este caso es que estas personas deben solicitar el voto (voto rogado), ya que no aparecen automáticamente en el censo.
- Personas con residencia legal que provengan de un país que tenga tratado de reciprocidad con España. Solo pueden votar (sufragio activo) en las elecciones municipales y si acreditan un mínimo de cinco años de residencia en España. Los ciudadanos de Reino Unido y Noruega podrán ejercer su derecho si acreditan al menos tres años de residencia. También tienen voto rogado.
Los países que tienen tratados de reciprocidad con España son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Esto significa que los ciudadanos españoles que viven en estos territorios también tienen ese mismo derecho al voto allí.
- Personas con residencia legal cuyo país de origen no tenga tratado de reciprocidad con España. No tienen derecho al sufragio activo ni pasivo.
- Personas en situación irregular. No tienen derecho al sufragio activo ni pasivo.
“Esta regularización no va a tener ningún efecto electoral directo”, asegura Arce a Newtral.es. El experto expone que, por un lado, se deben cumplir los años mínimos de residencia para votar en las elecciones municipales; mientras que, por otro, solo las personas con la nacionalidad española pueden votar en las elecciones generales.
- Las próximas generales están previstas para 2027 si no se produce antes un adelanto electoral.
“La forma más común de obtener la nacionalidad es por residencia”, afirma. “Para solicitar la nacionalidad, primero tienen que pasar los años de residencia requeridos, luego tiene que pasar el período de tramitación de la solicitud y, finalmente, si esta es aceptada, esa persona podría concurrir a las elecciones generales”, explica Arce. Se trata de un proceso que lleva “años”.
- La legislación española exige una residencia legal y continuada de diez años para solicitar la nacionalidad. No obstante, existen excepciones en las que este período es menor, como es el caso de las personas que hayan obtenido la condición de refugiado (cinco años) o las personas originarias de Iberoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes (dos años).
“Las personas que se van a regularizar son mayoritariamente latinoamericanas. El imaginario social cree que la mayoría son africanas, pero es mentira”, asegura Arce, que lo justifica con la diferencia en la expedición de visados de turista para personas de ambos territorios. En Newtral.es ya hicimos una radiografía del perfil de la población extranjera en situación irregular en España que corrobora este análisis.
- Así lo reflejan los datos publicados por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) el pasado 26 de enero, que estiman que el 91% de las personas migrantes en situación irregular que viven en España proceden de América.
Antecedentes penales. En el último año, y con el nuevo reglamento de extranjería de fondo, se han viralizado algunas publicaciones en redes que aseguran que en España es posible regularizar a personas migrantes con antecedentes penales. No obstante, la normativa exige explícitamente (art. 31.5) que el extranjero carezca de ellos para acceder a la regularización, como también confirmó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Newtral.es.
Impuestos. También se han viralizado en redes posts que afirman que los migrantes en situación irregular no pagan impuestos. Si bien es cierto que no tienen acceso a los tipos fruto del trabajo o de la propiedad (directos), pagan otros como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) –impuesto indirecto– al consumir productos en establecimientos como supermercados o tiendas.
La narrativa traspasa fronteras. Los contenidos que desinforman sobre esta regularización extraordinaria no circulan exclusivamente en España. El 27 de marzo, Elon Musk compartió en X un contenido que asegura que la medida proporcionará a “más de 500.000 extranjeros ilegales” un “estatus legal completo en Europa” y les permitirá “cruzar a cualquier país de la UE para trabajar o residir”.
“A pesar de que existen unas políticas europeas comunes de migración y asilo, los diferentes Estados de la Unión siguen manteniendo muchas competencias sobre extranjería y concesión de permisos de residencia por trabajo”, explica Arce.
El experto hace hincapié en la libertad de circulación, de trabajar y establecerse en cualquier país de la Unión como “razón de ser” de la ciudadanía europea. “Eso no ocurre si eres de un tercer país aunque estés en situación legal porque sería equiparar la residencia legal con la ciudadanía europea”, explica.
- De hecho, la Directiva (UE) 2024/1233 del Parlamento Europeo y del Consejo que regula el permiso de nacionales de terceros países a residir y trabajar en un Estado miembro expone que la autorización se aplica al territorio del Estado en cuestión, no al de toda la Unión.
No es una medida nueva. Como ya contamos en Newtral.es, en España ya se han producido varias regularizaciones extraordinarias desde la restauración democrática, bajo los gobiernos de Felipe González (PSOE), José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).
En palabras de Arce, la regularización es “adecuar la realidad jurídica a la realidad material” en un sistema que “no tiene vías de acceso legales y seguras para las personas de determinados países” que “ya viven en España”.
- En marzo de 2023, de cara a las últimas elecciones generales, también se viralizaron contenidos que acusaban al Gobierno de hacer una “regulación masiva de extranjeros” para ganar votos en esos comicios. No obstante, expertas en derecho explicaron a Newtral.es que se trataba de una iniciativa legislativa popular (ILP) y que, de aprobarse, no permitiría a los migrantes votar directamente en 2023, ya que el proceso requiere años.
- Dicha ILP impulsó el movimiento por la regularización extraordinaria de personas migrantes en España y fue la precursora del acuerdo aprobado recientemente.
