Blindar la amnistía, control de la inmigración y coste del transporte público: así es el acuerdo entre el PSOE y Junts

Junts per Catalunya finalmente decidió no votar este miércoles en la convalidación de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de coalición tras llegar a un acuerdo in extremis con el PSOE. En juego estaban el decreto ‘ómnibus’, que incluye reformas en la Justicia y en la Función Pública, la reforma del subsidio por desempleo –que finalmente fue derogado por el ‘no’ del PP, Vox, Podemos y UPN–, y el octavo paquete de medidas anticrisis.

Lo esencial. El compromiso entre ambas formaciones establece, entre otros aspectos, la cesión de las competencias de Inmigración a la Generalitat, la publicación “inmediata” de las balanzas fiscales y el Estado asumirá la “totalidad” del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público.

El pacto entre el PSOE y Junts para salvar la votación de los decretos ley

Delegación de las competencias en Inmigración

El acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts per Catalunya establece la cesión de las competencias en materia de Inmigración a la Generalitat. El documento recoge que el traspaso de poderes irá acompañado de los recursos “necesarios” y permitirá a Cataluña llevar a cabo “una política integral”.

El alcance de la transferencia. Según el partido catalán, esto supondría que el Govern y el Parlament serían quienes determinen “una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país”. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que aún no se ha delimitado “el alcance” de esta transferencia.

Expulsión de migrantes multireincidentes. Jordi Turull, secretario general de Junts, aspira a que Cataluña pueda decidir sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular que sean reincidentes. “Tenemos que mirar en qué condiciones nosotros podemos echar a estas personas”, indicó en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Blindar la aplicación de la futura ley de amnistía

Otro punto del acuerdo entre PSOE y Junts es la eliminación del artículo 43 Bis de la ley de Enjuiciamiento Civil, pues la formación independentista considera que este precepto “amenaza la viabilidad de la futura ley de amnistía”. El artículo se incluye en el ya convalidado decreto ley ‘ómnibus’, que será tramitado como proyecto de ley para poder incluir enmiendas.

Qué contempla el articulado. Se determina la congelación de los procedimientos judiciales cuando se eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y hasta que esta institución resuelva el caso. Algo que posiblemente pueda ocurrir tras la aprobación definitiva de la amnistía para los encausados por el procés y los jueces tengan que aplicarla.

Publicación de las balanzas fiscales

El compromiso también fija la publicación “inmediata” de las balanzas fiscales. El Ministerio de Hacienda explica que este instrumento de información económica calcula territorialmente los ingresos y los gastos del sector público en un periodo de tiempo, y calcula el saldo fiscal resultante en cada territorio.

Sin consenso en la metodología. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, señaló este jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo (laSexta) que el Gobierno pondrá a disposición datos para que los centros de investigación, las administraciones y los servicios de estudio puedan elaborar sus “propias” balanzas fiscales, pues “no existe consenso sobre la metodología a seguir”. Por su parte, la ministra subrayó que “nunca ha tenido problemas para que la información de la que dispone pueda servir a los investigadores, analistas y políticos para sacar sus propias conclusiones”.

Reforma de la ley de sociedades de capital

Junts per Catalunya ha pactado, además, en su acuerdo con el PSOE una reforma de la ley de Sociedades de Capital para revertir el decreto del PP aprobado en 2017 durante la etapa de Mariano Rajoy. El objetivo de la modificación acordada sería facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que se marcharon a causa del procés.

Cambio en el domicilio fiscal. Míriam Nogueras, portavoz de la formación independentista en el Congreso, criticó durante su intervención que la iniciativa popular permitió simplificar los trámites para cambiar el domicilio fiscal de una empresa. Además, Nogueras pidió cambiar la ley de Sociedades de Capital para incentivar en materia fiscal a las empresas que tengan su sede en Cataluña, algo que no está materializado en el documento final.

Otros aspectos contemplados en el pacto

• El IVA del aceite será del 0%.

• Se multiplica por cinco el dinero previsto para la digitalización de la Administración de Justicia. Según el acuerdo, la cifra pasaría de 1,2 millones de euros a 6,2 millones.

• El Estado asumirá la “totalidad” del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público.

• El texto recoge que se reconocerán los “derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local”.

Del ‘no’ de Junts a su ausencia pasando por la abstención: así fue la votación de los decretos ley

La formación de Carles Puigdemont rechazó en un primer momento los tres textos legislativos porque, según defiende, “agravan la infrafinanciación que ya sufre Cataluña”. Luego, Junts se decantó por no votar directamente estas normas tras su acuerdo con el PSOE. Aunque, finalmente, se abstuvo en la segunda votación de las medidas anticrisis, después de que la primera se saldase con un empate.

La aritmética parlamentaria. Sin el respaldo de la formación catalana, el Ejecutivo tenía complicado sacar adelante sus tres decretos ley, que necesitan una mayoría simple –es decir, más síes que noes– para recibir luz verde. Los números no salían: 172 votos a favor (provenientes del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y Podemos) frente a los 178 en contra del PP, Vox, Junts y UPN. No obstante, al no emitir su sentido de voto, los votos negativos se rebajaron hasta los 171, un resultado suficiente para convalidar las iniciativas.