El Gobierno llega a un acuerdo con ERC y Bildu para desatascar la ley de vivienda

El Gobierno de coalición ha llegado a un acuerdo con ERC y EH Bildu para sacar adelante la nueva ley de vivienda, que contempla el tope del 3% en los precios de los alquileres y una nueva definición de ‘gran tenedor’, entre otras cuestiones.

Según han explicado los diputados Pilar Vallugera (ERC) y Oskar Matute (Bildu) durante una rueda de prensa en el Congreso, el acuerdo alcanzado “reconoce el derecho a la vivienda, interviene y regula el mercado del alquiler topando los precios, poniendo coto a la especulación y los abusos”. Matute ha destacado que serán los 18 votos de los diputados de ERC y Bildu los que “permitirán hacer realidad esta ley de vivienda”. El Gobierno de coalición precisa de los ‘síes’ de este partido para aprobar la ley en el Congreso.

El proyecto de ley de vivienda lleva más de 350 días, desde abril de 2022, encallada en el Congreso sin avances en el trámite parlamentario porque PSOE y Unidas Polemos, los socios de coalición, no conseguían llegar a un acuerdo. Mientras que los ‘morados’ buscaban aprobar un texto donde se fijase el tope a las subidas del alquiler en un 3%, el PSOE se mantenía en no incluir esta limitación. 

Esta ley forma parte de los compromisos que el Gobierno ha adquirido con Bruselas para recibir el cuarto tramo de los fondos de recuperación europeos, según recoge la Agencia EFE. 

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Acuerdo del Gobierno con sus socios para la ley de vivienda 

Según el documento del acuerdo de la ley de vivienda, al que ha tenido acceso Newtral.es, estas son las medidas que han acordado el Gobierno con ERC y Eh Bildu:

• Regulación de los alquileres. El acuerdo recoge que “serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos”, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos. 

En este sentido, el acuerdo indica que los topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de la vivienda (contrato y propiedad), mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores. 

• Ampliación de la declaración de zonas tensionadas del mercado de alquiler. La declaración de una zona como tensionada pasa de tener que cumplir tres criterios acumulativos a dos condiciones que son disyuntivas. Esto es, que un territorio puede ser declarado como zona tensionada con que cumpla una de estas dos condiciones: 
  
  • Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares
  • Que el precio de compra o alquiler de la vivienda se haya incrementado en  al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.

En este caso, las comunidades autónomas tienen las competencias para declarar una zona como tensionada. 

• Definición de ‘gran tenedor’. Otra de las medidas recogidas en el acuerdo del Gobierno, ERC y Bildu es permitir que las comunidades autónomas puedan, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar la condición de ‘gran tenedor’ de los 10 inmuebles previstos en el proyecto del Gobierno a cinco, a los que afectarán las medidas establecidas en las áreas tensionadas. 

• Desahucios: se prohíben los desahucios sin fecha y hora predeterminada y se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, con un aplazamiento de más de dos años. Asimismo, se recoge el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables. 

Asimismo, el acuerdo de la ley permite a las comunidades autónomas incorporar sus propios mecanismos de mediación y alternativa habitacional a los que someter a aquellos ‘grandes tenedores’ que realicen desahucios, así como la capacidad de utilizar fondos de los planes estatales de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio.

• Medidas de protección de los inquilinos. Será el propietario quien se deba hacer cargo de los gastos y honorarios producidos por el alquiler de un inmueble. También se prohíbe el aumento de las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, por ejemplo, de comunidad o de basura, así como cualquier otro gasto que no hubiera sido previamente acordado con el inquilino. Asimismo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas contenidas en proyecto de ley de vivienda en el caso de que las partes llegaran a un acuerdo. 

• Eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. Para evitar los aumentos derivados de las fluctuaciones del IPC, durante el año 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, que pasará a ser del 3% en 2024. A partir de entonces, se creará un nuevo índice «más estable e inferior a la evolución del IPC».

• Blindaje competencial: se suprime un capítulo entero en materias de consumo respecto al proyecto de ley, por ser “competencias exclusivas blindadas estatutariamente” de las comunidades autónomas.

Si bien esta ley establece un marco regulatorio a nivel estatal, las competencias de vivienda pertenecen a las comunidades autónomas y ayuntamientos -según el artículo 148.3 de la Constitución española-, por lo que son estas instituciones las que, una vez se apruebe la norma, deberán decidir si aplican o no los topes al alquiler que contempla este texto. 

Próximos pasos de la ley

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha afirmado que no está en su mano ni en la de ERC que la ley se apruebe antes de que finalice la legislatura al no encontrarse en la Mesa del Congreso, pero ha añadido que sí hay voluntad de los ministerios implicados en que la ley vea la luz antes del cierre de la legislatura.

En estos momentos, el proyecto de ley de vivienda se encuentra en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en fase de enmiendas. Al ser un proyecto de ley, primero debe ser aprobado en el pleno del Congreso, cuya votación podría salir ahora adelante tras el acuerdo del Gobierno con los socios de coalición.

Una vez completado este paso, se envía el texto al Senado para continuar con su tramitación, donde los grupos parlamentarios pueden ratificar el texto en los mismos términos, introducir enmiendas o vetar el texto por mayoría absoluta. Si se diera alguno de los dos últimos casos, la ley debe volver al Congreso para ratificar esos cambios.

Una vez aprobada, la ley de vivienda entraría en vigor con se publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Desde la presentación del anteproyecto de la ley de vivienda por el gobierno de coalición hasta el acuerdo con ERC y Eh Bildu

Fue en octubre de 2020 cuando PSOE y Unidas Podemos pactaron remitir al Congreso, en un plazo de tres meses, el texto como parte del acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Las cuentas se aprobaron sin que el proyecto llegara al Congreso de los Diputados, donde sí llegó la propuesta de ERC y EH Bildu, junto con Unidas Podemos, sobre “el derecho a una vivienda digna”.

En octubre de 2021, como parte de las negociaciones de los PGE de 2022, el Gobierno de coalición volvió a cerrar un acuerdo en esta materia, un pacto que llegó a materializarse con la aprobación, a las pocas semanas, del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Se demostró así la conformidad tanto de Unidas Podemos como del PSOE con las medidas contempladas para poner un tope a los precios del alquiler o declarar como tensionadas algunas zonas residenciales por sus altos precios. 

En estos momentos, el trámite del proyecto estuvo marcado por el informe preceptivo aunque no vinculante, emitido por el Consejo General del Poder Judicial, que se mostró duro con la medida, y el rechazo del PP, que aseguró que se opondría a la ley en las Cortes, que no la aplicaría en las comunidades en las que gobernase e incluso que la llevaría al Tribunal Constitucional.  

También estuvo marcado por las polémicas por las desavenencias entre los miembros de la coalición, siendo los límites del precio del alquiler el principal escollo de las negociaciones dentro del Gobierno, que necesitó año y medio para definir los detalles del texto. Finalmente, en febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes de la nueva Ley de Derecho a la Vivienda, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.

No obstante, la ley de vivienda ha estado encallada desde entonces, habiendo sido prorrogada hasta cuatro veces su aprobación. Después de 13 meses de negociaciones, el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con sus socios este 14 de abril de 2023 ha logrado desbloquear esta ley de vivienda, que deberá seguir su tramitación parlamentaria.