Justyna Wydrzynska, condenada en Polonia por ayudar a una mujer a abortar: “Su marido le espió el correo y la denunció a la policía”

Justyna Wydrzynska, activista polaca pro aborto, ha sido recientemente condenada a ocho meses de trabajos comunitarios por facilitar píldoras abortivas a una mujer que quería interrumpir su embarazo pero que no entraba en ninguno de los dos supuestos permitidos en Polonia. A la salida del juicio, Wydrzynska, junto a dos compañeras más de la organización Abortion Dream Team, lucía una chaqueta de lentejuelas y una camiseta con la frase “Ayudo a hacer abortos”. Un mensaje claro no solo de no arrepentimiento, sino de orgullo por el trabajo realizado.

El atuendo gritaba por sí solo, una oportunidad aprovechada para abandonar el perfil bajo y de vergüenza al que habitualmente obliga la clandestinidad del aborto. Como dice la propia Justyna Wydrzynska: “Por qué no usar mi caso para darle la vuelta a esto: sí, abortamos; sí, existe el método farmacológico; sí, lo vamos a seguir haciendo. Es una campaña de visibilización”.

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La activista polaca por el aborto, Justyna Wydrzynska, en el Europarlamento

El pasado 25 de abril, la activista polaca por el derecho al aborto viajó hasta Bruselas para comparecer en el Parlamento Europeo. Allí relató la historia de Ania, la mujer que le pidió ayuda, para denunciar las situaciones de riesgo a las que se ven abocadas las mujeres polacas ante la falta de alternativas seguras para abortar. En conversación con Newtral.es, Justyna Wydrzynska cuenta que la historia de Ania la conmovió: “Estaba en una relación de abuso por parte de su marido y por eso no podía viajar al extranjero [a Alemania], como ella quería en primera instancia. Yo nunca comparto pastillas abortivas, no las envío, pero ella estaba desesperada. Así que lo hice. Su marido le espió el correo y fue él mismo quien la denunció a la policía, que fue hasta su casa y le requisó las pastillas”. 

Por este motivo, Ania no puedo acceder ni siquiera a un aborto farmacológico. Ania solo ha hablado en una única ocasión con un medio de comunicación, The Nation, donde contó que finalmente ella misma se había inducido el aborto con un catéter que compró en una farmacia.

Con un catéter en una mano y un blíster de pastillas en la otra, Wydrzynska expuso su historia y la de Ania en el Parlamento Europeo, y pronunció esta frase entre lágrimas: “Por suerte [Ania] escapó a la muerte”. Ania fue hospitalizada, pero sobrevivió y el embarazo quedó interrumpido, tal y como relataba la activista polaca.

La restrictiva ley del aborto de Polonia

A finales de 2020, el Tribunal Constitucional polaco declaró inconstitucional la interrupción del embarazo por malformación fetal. Era, hasta ese momento, uno de los tres supuestos legales por los que se podía abortar, junto con los de violación o incesto y de riesgo para la salud física o psíquica de la gestante.

“Prohibir esa opción, que representó el 96% de las interrupciones del embarazo llevadas a cabo legalmente en Polonia en 2019 (1.074 de 1.110), comportará un aumento de los abortos ilegales, inseguros, clandestinos y potencialmente mortales”, señalaba el Parlamento Europeo en una resolución contraria a la decisión del Tribunal Constitucional de Polonia. 

Unos meses después, en enero de 2021, entraba en vigor la nueva legislación polaca al formalizarse la decisión adoptada por el Constitucional. Polonia se situaba así como uno de los países europeos con peor legislación en cuanto a derechos reproductivos y sexuales.

Aunque legalmente siguen existiendo dos supuestos por los que estaría permitido abortar, el de “riesgo para la salud física o psíquica de la gestante” es “una disposición muy difícil de aplicar para los médicos”, como explica a Newtral.es la abogada polaca Jolanta Budzowska. “No saben si están valorando correctamente si la vida de la mujer está en riesgo. Si practican un aborto demasiado pronto, luego pueden ser investigados y que se determine que no había tal peligro, enfrentando una pena de prisión de hasta tres años”, añade.

Budzowska lleva el caso de Izabela, una mujer de 30 años que falleció embarazada de 22 semanas ante la negativa de los médicos de practicarle una interrupción de un embarazo que ponía en riesgo su vida. Como ya explicábamos en Newtral.es, la gestante “acudió al hospital porque estaba expulsando líquido amniótico”. “La ingresaron y confirmaron las malformaciones del feto, que ya habían sido diagnosticadas en pruebas prenatales. El ingreso se produjo para prevenir una sepsis, algo probable en caso de una muerte fetal. Pero los médicos le dijeron a Izabela que tenían que esperar a que el feto dejara de tener latido para realizar un legrado. Es decir, en vez de prevenir y tratar la sepsis, esperaron a que el feto muriera y ocurriera, digamos, un aborto natural. Durante el ingreso, el feto murió pero tampoco pudieron salvar a Izabela, que tenía un shock séptico”, relataba Budzowska.

Sobre el caso de Izabela, la abogada señala que “la investigación está en su fase final”. “Tres médicos han escuchado los cargos de la Fiscalía, todos ellos por poner en peligro su salud y su vida, y uno de ellos, además, por homicidio involuntario. La Fiscalía decidirá ahora si aún es necesario complementar las pruebas antes de remitir los escritos de acusación al tribunal penal. Una vez presentados los escritos de acusación, el tribunal se encargará de evaluar la culpabilidad de los médicos acusados”, añade.

“Un castigo correctivo”

Justyna Wydrzynska se enfrentaba a una pena de hasta tres años de cárcel por tratar de ayudar a Ania a interrumpir su embarazo fuera de los supuestos legales. Finalmente, la jueza la condenó a ocho meses de trabajos comunitarios. “He recurrido la sentencia aun así. Queremos revertir el fallo ante la justicia europea. Sé que será un proceso lento pero es una batalla que hay que librar”, explica la activista polaca pro aborto. 

Irene Donadio, portavoz de la International Planned Parenthood Federation European Network, una organización global que lucha por los derechos reproductivos, explica a Newtral.es que se trata de “un castigo disciplinario y correctivo”: “Es un mensaje dirigido a todas las mujeres, para no actúen como hicieron Justyna y Ania”. Donadio recuerda, además, que “esta jueza fue ascendida justo después de emitir esta sentencia, por lo que hay un contexto político importante en todo esto”.

Carlos de las Heras, de Amnistía Internacional, considera que la condena a la activista polaca pro aborto es “un precedente bastante peligroso”. “Si tenemos en cuenta que el aborto está prácticamente prohibido en Polonia, vemos que las autoridades tratan de reprimir aún más este derecho. Hay muchas mujeres teniendo que viajar al extranjero para abortar, y otras que arriesgan su vida, como hizo Ania”, añade.

Sin embargo, la sentencia también ha visibilizado el activismo pro aborto en Polonia, como explica Agata Ignaciuk, investigadora en la Universidad de Granada sobre salud y derechos reproductivos: “Creo que Justyna Wydrzynska y sus compañeras han sabido aprovechar la plataforma para llevar más lejos la información sobre el aborto farmacológico”. 

Ignaciuk recuerda que la sentencia del Constitucional polaco restringió aún más este derecho, pero que esta prestación no estaba garantizada previamente: “Ya había numerosos casos de abusos muy graves a mujeres, por ejemplo, médicos que ocultaban los resultados de exámenes prenatales, donde se veían malformaciones, para que no pudieran acogerse a ese supuesto y abortar”. El cambio de paradigma es que ahora “este tema se debate públicamente”, apunta la investigadora de la Universidad de Granada. “De cara a las próximas elecciones, hay partidos que llevan la cuestión del aborto en sus programas, antes no estaba. Es una cuestión que no puede seguir debajo de la alfombra, pero antes no estaba en la agenda política”, concluye.