El Gobierno ha aprobado un total de 488,09 millones de euros en subvenciones directas a entidades para la financiación del sistema de acogida de protección internacional en lo que llevamos de 2022. Se trata así de un modelo de acción concertada mediante el que el Estado cede la atención humanitaria a asociaciones y entidades.
El pasado mes de julio se publicó en el BOE una orden por la que se regulaba la gestión concertada del sistema de acogida con el fin de “incrementar la eficiencia para hacer frente a los nuevos retos” cómo el aumento de la llegada de personas migrantes en el último año.
Según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio del Interior, a septiembre de este año se han presentado más de 86.800 solicitudes de protección internacional frente a las más de 65.400 que se registraron en todo 2021.
El 49% de las subvenciones van para Cruz Roja
El pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó la concesión de subvenciones directas a Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM) por 96,25 millones de euros para financiar los servicios del sistema de acogida.
Un mes después, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acordó mediante real decreto la concesión directa de ayudas con motivo del conflicto en Ucrania y el incremento de las solicitudes de protección internacional en España. En concreto, aprobó un total de 391,84 millones de euros a repartir entre 20 entidades donde se repiten las tres anteriores.
Así, Cruz Roja agrupa el 49% del total de subvenciones ya concedidas, con 241 millones de euros recibidos
Los servicios que prestan las entidades en materia de acogida internacional
Con el nuevo sistema se pasa de la subvención con carácter anual a un modelo en el que se le concede autorización a la entidad, si cumple con los requisitos establecidos, para que preste los servicios de acogida hasta durante cuatro años. Aunque el plazo puede ser prorrogado. Con esto, el Gobierno pretende “incrementar su estabilidad y previsibilidad”, según destaca en la orden que desarrolla esta normativa.
Prestaciones. Las entidades acreditadas se encargan de todas las fases que contempla la ley para facilitar la progresiva autonomía de las personas con protección internacional y su inserción social y laboral.
De manera que las ayudas que da el Estado están destinadas al alojamiento, la prestación sociosanitaria y psicológica, la traducción e interpretación cuando se requiera, así como todas las actividades que se lleven a cabo. Todo ello, además de pagar al personal, entre otras cosas.
Por ejemplo, en la última fase denominada de autonomía, se contempla la asignación de ayudas económicas para cubrir las necesidades básicas de los destinatarios, asesoramiento laboral o enseñanza de idiomas.
- Real Decreto 590/2022, de 19 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema de Acogida de Protección Internacional.
- Orden ISM/680/2022, de 19 de julio, por la que se desarrolla la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada
- Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional
- Referencias del Consejo de Ministros
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