El PSOE registra una proposición de ley para luchar contra las “acciones judiciales abusivas”

El Partido Socialista ha impulsado una proposición de ley orgánica de “garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”. La norma pretende limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla partidos políticos, asociaciones o fundaciones vinculadas a ellos; o prohibir la admisión de denuncias basadas en recortes de prensa. 

• Contexto. La propuesta, anunciada por el portavoz socialista Patxi López, se registra después de la apertura de una investigación contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa y de otra del mismo grupo ultra contra el hermano de Pedro Sánchez.
• La proposición hace referencia a la directiva europea 2024/1069, relativa a las acciones judiciales abusivas.

Luchar contra las “acciones judiciales abusivas”. La proposición de los socialistas prevé impedir la “persecución y difamación sistemática de artistas” y otras personalidades cuando se usan las acciones judiciales con una motivación política, para lo que se abren estas vías:

• La acusación popular se reforma y quedará relegada a las fases de juicio oral y a la formulación inicial de la querella, quedando fuera de la fase judicial de instrucción.

• Se exigirá un vínculo con el interés público que mueva el proceso que sea “concreto, relevante y suficiente”. El juez será el encargado de dictar si existe o no dicho nexo y admitirá o denegará la acusación popular. 

• Se prohíbe a los partidos políticos, asociaciones o fundaciones que actúen de acusación popular si presentan vinculación con el caso. 

• Las querellas que se basen “en meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad, o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados” serán inadmitidas a trámite de forma obligatoria si no existen irregularidades. 

• Se suprime el delito contra los sentimientos religiosos al derogar el artículo 525 del Código Penal que, en palabras del PSOE, “es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos”. 

• Se prevé modificar la ley orgánica del Poder Judicial para que si un juez ha manifestado opiniones de índole política sobre asociaciones o fundaciones estos no puedan formar parte de un proceso judicial que implique a dichas organizaciones, contemplando la abstención o recusación de los magistrados en cuestión.