“Yo lo haría, pero no puedo”, le respondió el médico del Hospital Gregorio Marañón (Madrid) a Gabriela —nombre modificado para preservar su intimidad— cuando esta preguntó si la interrupción terapéutica que requería se la harían allí. Era finales de 2021 y a Gabriela, que es médica, la iban a derivar del hospital público donde le habían hecho el seguimiento del embarazo a una clínica privada concertada. “Momentos antes, ellos mismos me habían recomendado interrumpir por las malformaciones incompatibles con la vida que le habían diagnosticado a mi bebé”. Finalmente consiguió que el aborto terapéutico (es decir, por motivos médicos) se lo realizasen en un hospital público “tras llamar a muchas puertas y pedir favores”. Gabriela prefiere omitir el nombre del hospital público que atendió su interrupción por una cuestión de privacidad, pero en su informe médico, al que ha tenido acceso Newtral.es, consta que se le realizó, de forma programada, una “interrupción legal del embarazo (ILE)”. Sin embargo, según la Comunidad de Madrid, esta interrupción terapéutica llevada a cabo en un hospital de la red sanitaria pública madrileña no consta en las estadísticas oficiales. Es decir, es un aborto sin notificar en Madrid.
En una respuesta a Newtral.es, la Consejería de Sanidad señala que, en 2021, ni una sola interrupción del embarazo se llevó a cabo en un centro sanitario público, a pesar de que el historial médico de Gabriela contradice este dato.
“Como médica he aprendido que la medicina no solo consiste en curar, también es cuidar y acompañar”, explica Gabriela. Aunque ella finalmente interrumpió su embarazo en un hospital público, no olvida el sentimiento de desamparo: “El propio equipo médico me recomendó interrumpir. Era un bebé muy deseado y no le podían curar, sus malformaciones eran incompatibles con la vida. Estábamos devastados y necesitábamos sentirnos cuidados. Sin embargo, sentí que nos abandonaban en el momento más duro y triste de mi vida. Sentí que nos mandaban por la puerta de atrás como si hiciera algo ilegal y eso me hizo sentirme aún peor”, añade.
Embarazadas atendidas en la pública y embarazadas derivadas a la privada
A principios de 2021, Marina, nombre modificado a petición de la paciente, también fue expulsada del circuito hospitalario público cuando solicitó, en el Gregorio Marañón, una interrupción del embarazo por motivos médicos tras diagnosticarle a su bebé varias patologías con muy mal pronóstico.
“Respetamos vuestra decisión pero eso no se hace aquí”, le respondieron. “Volví a preguntar y el obstetra me dijo: ‘Este hospital no ofrece ese servicio’. Yo estaba pensando en que me derivarían a otro hospital donde tuviesen una unidad específica porque es verdad que no todos los hospitales ofrecen todos los servicios. Así que le dije: ‘Dígame, por favor, a qué hospital tengo que ir’. Me dijo que ningún hospital de la Comunidad de Madrid ofrecía ese servicio y que en el Gregorio Marañón solo hacían interrupciones pero de casos muy complicados y en la Consejería de Sanidad la respuesta fue prácticamente la misma”, cuenta Marina a Newtral.es.
Marina estaba en la semana 21 y desde el Hospital Gregorio Marañón le dijeron que la interrupción de su embarazo se derivaba a una de las tres clínicas privadas acreditadas para practicar abortos en el segundo y tercer trimestres de gestación. “Como médica no daba crédito. No me cabía en la cabeza que mi hospital se desentendiera de mi proceso, de un embarazo avanzado con un bebé enfermo”, apunta.
Meses después, y a través de un grupo de apoyo para mujeres que han interrumpido su embarazo, Marina conoció a Laura, quien sí pudo interrumpir su embarazo por motivos médicos en el Gregorio Marañón. Como en el caso de Marina, a ella también le diagnosticaron una malformación fetal a su bebé en la ecografía de la semana 20. En conversación con Newtral.es, Laura —cuyo nombre también ha sido modificado para preservar su intimidad— explica que, en su caso, “nadie mencionó clínica privada alguna”: “Hasta que conocí a mujeres como Marina, desconocía por completo que las interrupciones en Madrid, por lo general, no se realizaban en hospitales públicos. Para mí fue la única opción”, añade.
Newtral.es ha accedido al historial médico de Laura, en el que consta la frase “interrupción legal del embarazo por malformación fetal en la semana 21” realizada en 2022. Laura señala que “el trato fue increíble” y que no concibe que “otras mujeres no tengan derecho a que todo el embarazo, pase lo que pase, tenga seguimiento y sea atendido en el mismo hospital”.
Su caso se suma al de otras mujeres que han interrumpido su embarazo en centros sanitarios públicos a pesar de que son abortos no notificados en Madrid. Verónica, por ejemplo, fue atendida en septiembre de 2020 en el Hospital Universitario del Sureste. En su informe médico, que también ha consultado este medio, consta “interrupción legal del embarazo”, como en los casos de Gabriela y Laura. La respuesta que da la Consejería de Sanidad de Madrid a Newtral.es a través del portal de transparencia indica que tampoco en 2020 se realizaron en centros sanitarios públicos, a pesar de que el caso de Verónica prueba lo contrario.
¿Por qué se realizan abortos y no son notificados en Madrid? ¿Qué dicen las estadísticas oficiales? ¿Qué hospitales realizan interrupciones? ¿Por qué en casos como el del Gregorio Marañón hay algunas mujeres que no son derivadas a clínicas privadas acreditadas?
Abortos sin notificar en Madrid: qué dicen los datos
Diversas fuentes de la administración pública (estatal o autonómica) recogen cifras correspondientes a las interrupciones del embarazo, pero estas se contradicen entre sí.
La primera vía de acceso a los datos son los informes anuales que publica el Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Estos se elaboran a través de las hojas de notificación (online) que todo facultativo debe rellenar cuando realiza un aborto. Tal y como especifica el Ministerio de Sanidad en su metodología: “Cada IVE que se practica ha de ser notificada por el médico responsable de la misma a la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma donde se llevó a cabo la intervención, quien a su vez introduce los datos en la aplicación online realizada por el Ministerio de Sanidad, con la colaboración de las CCAA”.
Así, los informes de Sanidad muestran datos a nivel estatal pero también por comunidades autónomas: por ejemplo, cuántas mujeres han interrumpido su embarazo en centros sanitarios públicos y cuántas en centros privados en cada comunidad anualmente. Al final del informe hay un anexo donde aparecen los centros, por provincia, que han notificado los abortos. Esto significa que si un centro practica una interrupción, el nombre debe aparecer en ese anexo, ya que es obligatoria la notificación.
El último informe publicado corresponde a 2020. En él se observa que en la Comunidad de Madrid, del total de mujeres que abortaron (14.254), tres de ellas lo hicieron en la red sanitaria pública, no en clínicas privadas acreditadas. Sin embargo, en el anexo no aparece ningún centro público de Madrid que haya notificado aborto alguno.
En una respuesta a Newtral.es a través del portal de transparencia, el Ministerio de Sanidad indica que los datos de interrupciones en centros sanitarios públicos en cada comunidad “no quiere decir que esa [interrupción] pública se haya llevado a cabo” en esa comunidad, “sino que se trata de una mujer residente en esa comunidad que se sometió a una interrupción en un centro hospitalario público de una comunidad distinta a la de su residencia”.
Sin embargo, sabemos que hay mujeres que sí han interrumpido en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y los nombres de estos centros no aparecen en el anexo de dichos informes que publica anualmente el Ministerio de Sanidad. Así, el centro público que realizó la interrupción de Verónica en 2020, el Hospital Universitario del Sureste, no aparecería en esta estadística a pesar de que es obligatorio.
Por otro lado, según la resolución de la Comunidad de Madrid tras una petición de información de Newtral.es a través del portal de transparencia autonómico, en 2020 ni un solo aborto se ha realizado en un centro público de Madrid. Por tanto, la interrupción de Verónica en el Hospital Universitario del Sureste tampoco consta en la estadística autonómica que ofrece la consejería a este medio.
Para el año 2019, en esta misma respuesta recibida por el portal de transparencia, la Consejería también afirma que no se realizó ningún aborto en centros sanitarios públicos. Para este año, en el informe del Ministerio de Sanidad de ese año tampoco consta el nombre de ningún centro sanitario público en la Comunidad de Madrid. Es decir, ningún centro de esta comunidad habría notificado haber realizado un aborto.
Sin embargo, este dato de 2019 se contradice con la respuesta parlamentaria que el Gobierno autonómico dio a la diputada de Más Madrid Loreto Arenillas.
En su pregunta, Arenillas pedía conocer “el número de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en centros pertenecientes a la red pública de la Comunidad de Madrid entre los años 2010 y 2019” con un “desglose por año y por centro”. A pesar de que la Consejería de Sanidad indica a Newtral.es que en 2019 no se realizó ninguna interrupción en la red sanitaria pública, en la respuesta a Loreto Arenillas, el Gobierno autonómico indica que fueron 157: 144 con hospitalización y 13 ambulatorias.
Newtral.es ha contactado con el Hospital 12 de Octubre y con el Hospital de Alcorcón —los dos hospitales que en 2019 habrían realizado más interrupciones según la respuesta parlamentaria que el Gobierno de la Comunidad de Madrid remitió a Loreto Arenillas— para saber si notifican oficialmente estas interrupciones. A fecha de publicación de este reportaje no hemos recibido respuesta.
En la web del Hospital de Alcorcón sí reconocen dar esta prestación. Así lo explican: “El compromiso con este derecho nos ha llevado a incluir esta prestación en los casos derivados del diagnóstico prenatal. Los objetivos son facilitar un ambiente íntimo, seguro y respetuoso con la vivencia de la IVE y garantizar un control de calidad del diagnóstico prenatal mediante la oferta sistemática de estudio necrópsico y/o genético”.
Sin embargo, este hospital, como otros, no aparece ni en los informes del Ministerio de Sanidad ni en la respuesta que la Consejería de Sanidad ha dado a Newtral.es a través del portal de transparencia.
Este medio también ha contactado con la Consejería de Sanidad de Madrid para saber por qué los datos de la respuesta a Loreto Arenillas y los ofrecidos a Newtral.es se contradicen. En su respuesta señalan que aunque “la vía exclusiva” de recogida de datos es a través del “formulario de notificación”, “el Conjunto Mínimo Básico de Datos del Alta Hospitalaria puede ayudar para recabar información”.
Abortos sin notificar y el Conjunto Mínimo Básico de Datos
El Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMDB) “se obtiene a través de los informes de altas hospitalarias”, como explica a Newtral.es el médico internista Manuel Méndez. “Cuando el médico hace el informe, normalmente hay una unidad de codificación para recoger los diagnósticos principales que ha tenido el o la paciente durante el ingreso”, añade.
Esta estadística autonómica contiene un epígrafe dedicado al aborto, que correspondería al código que introduce el facultativo cuando el diagnóstico principal, o uno de ellos, es por un aborto. Según la metodología de esta estadística, se contemplan tanto abortos “espontáneos como provocados”. La última estadística del CMDB de abortos (2020) muestra que, en Madrid, 616 abortos se atendieron en centros sanitarios públicos de la comunidad.
¿Las 157 interrupciones de 2019 llevadas a cabo en la red sanitaria pública que la Comunidad de Madrid detallaba a Loreto Arenillas podrían proceder entonces del CMDB? La Consejería de Sanidad no lo confirma, pero como explicábamos, sí señala que esta estadística “puede ayudar para recabar información” en materia de interrupciones del embarazo. Por tanto, estos abortos no tendrían por qué ser notificados mediante el formulario oficial, sino que constarían en las altas hospitalarias de las pacientes y los datos serían recabados por esta vía administrativa.
Beatriz Julià es ginecóloga en el Hospital Severo Ochoa. Aunque está en el área de reproducción asistida, confirma haber “realizado un aborto por malformación hoy mismo”, dice cuando conversa con Newtral.es por teléfono. Señala que su hospital “a día de hoy sí realiza abortos terapéuticos, es decir, por malformaciones”. “No me importa decirlo con nombre y apellidos porque defiendo los derechos reproductivos”, añade.
Sobre por qué hay abortos sin notificar en Madrid y sobre el proceso en sí, Julià señala que “nadie conocía que debía notificarlos”: “Debería estar incorporado de una forma sencilla en nuestro sistema informático. Nuestro servicio no recibió nunca una comunicación oficial del formulario que al parecer existe en la web de la Comunidad de Madrid”, añade.
“Nosotros ponemos ILE [interrupción legal del embarazo], pero no va codificado específicamente. En el protocolo quirúrgico se indica también, así como en el informe de alta y en el historial se describe exactamente todo”, apunta esta ginecóloga. Sin embargo, desconocían que había un formulario obligatorio de notificación, que es el que permitiría saber cuántos abortos se realizan en el sistema sanitario público madrileño y en qué centros.
Los datos que ofrece la Comunidad de Madrid a Newtral.es sí coinciden con lo reflejado en los informes anuales del Ministerio de Sanidad respecto a centros públicos que notifican interrupciones. En nuestra petición de información pedíamos datos de interrupciones realizadas en centros públicos desde 2015 hasta 2021. Según la CAM, de 2015 a 2018 hubo un hospital que sí notificó abortos: el de Fuenlabrada. Esto también aparece en los informes del Ministerio de Sanidad de esos años.
A partir de entonces, el Hospital de Fuenlabrada deja de aparecer en los informes estatales y, de acuerdo con la respuesta de la CAM a este medio, este hospital público tampoco notificó ningún aborto en los años 2019, 2020 y 2021.
No obstante, en la respuesta que la CAM dio a la diputada Loreto Arenillas, el Hospital de Fuenlabrada sí realizó interrupciones en 2019 (no hay datos de 2020 ni 2021 porque Arenillas pidió datos hasta 2019). Newtral.es ha preguntado al Hospital de Fuenlabrada sobre la realización de interrupciones y el protocolo al respecto, pero desde el gabinete de comunicación declinan responder.
Por último, los datos que da la CAM a este medio de abortos que habría notificado el Hospital de Fuenlabrada entre 2015 y 2018 no coinciden con los datos que ofreció esta misma administración a Loreto Arenillas en su respuesta parlamentaria.
Según la respuesta de la CAM a Newtral.es, entre 2015 y 2018 el Hospital de Fuenlabrada notificó 11 interrupciones en total. Según la respuesta de la CAM a Arenillas, para esos mismos años, el Hospital de Fuenlabrada realizó 42, por lo que habría una infranotificación. Para el año que la CAM asegura a Newtral.es que el Hospital de Fuenlabrada no realizó ninguna interrupción (2019), aparecen 9 en la respuesta a Arenillas.
Habla un médico que realiza interrupciones en un hospital público
Marcos trabaja en uno de los principales hospitales públicos de Madrid. En conversación con Newtral.es pide mantener su anonimato, por lo que su nombre ha sido modificado y se obvia el nombre del centro en el que trabaja. “Como especialista en medicina fetal realizo interrupciones de embarazo desde hace aproximadamente nueve años”, reconoce.
Según Marcos, en su hospital “se realizan las interrupciones legales del embarazo por patología fetal y/o materna de nuestro área sanitaria que impliquen procedimientos de alta complejidad, es decir, que no pueden asumir los centros concertados con la Comunidad de Madrid”. Pero reconoce que, “en ocasiones, haciendo un análisis específico de cada caso, se realiza la interrupción en nuestro hospital aunque sea una intervención de baja complejidad”.
Respecto a por qué la sanidad pública, en la Comunidad de Madrid pero no solo, ha externalizado de manera sistemática la prestación del aborto, Beatriz Julià considera que “la objeción de conciencia ha pasado a ser una inercia, como algo colectivo, cuando eso no es permisible”. “Un jefe de servicio puede ser objetor, pero nunca obstructor”, añade.
Preguntado por el motivo por el que hay casos específicos que siendo de baja complejidad no son derivados a clínicas privadas, Marcos asegura no saber por qué. “La verdad es que desconozco el motivo, quien decide es el jefe de ecografía. Entiendo que es muy injusto que las pacientes no puedan saber por qué unas mujeres sí y otras no. No tienen a qué atenerse. Mi servicio nunca se ha declarado objetor como tal pero tampoco hay ningún protocolo al respecto”.
Lo que cuenta Marcos en relación a su hospital concuerda con lo relatado por pacientes como Marina y Laura. Ambas decidieron interrumpir tras el diagnóstico prenatal en la semana 20 de gestación: una de ellas fue derivada a una clínica acreditada privada y la otra no. “No entiendo por qué yo no tuve opción a quedarme en mi hospital”, dice Marina. Como médica pero también como madre, Marina reconoce que “la sensación de abandono es inmensa”: “No puedo explicar el dolor cuando te enteras de que hay hospitales que sí lo hacen, de que el tuyo propio lo hace, pero no sabes por qué a ti te echaron. Me mintieron a la cara y yo solo quería darle las máximas garantías a mi bebé”, añade.
Preguntado por el tema de que en su hospital se realicen intervenciones pero estas no consten en estadísticas oficiales, Marcos responde lo siguiente: “Nosotros no disponemos de documentos ni protocolos que nos indiquen cómo y dónde notificar las interrupciones”.
Marcos también señala que, además de que desconociese que hubiese que notificar los abortos, “ningún hospital se quiere convertir en el hospital de los abortos”. Además, considera que “el problema fundamental es organizativo y la sobrecarga asistencial que puede conllevar trasladar estas intervenciones a un centro sanitario público sin un plan de implementación y dotación de recursos por parte de la Consejería”.
Marina, como médica, señala que “las interrupciones por motivos médicos son unas 2.000 al año en la Comunidad de Madrid”. “No somos ninguna carga para el sistema porque son embarazos que ya están en seguimiento y dentro del sistema. Todos los abortos terapéuticos deberían ser asumidos por la pública ya, con protocolos garantistas, ya que conllevan unos riesgos físicos y psíquicos que requieren de un trabajo interdisciplinar en el circuito hospitalario público,” analiza.
La ginecóloga Beatriz Julià recuerda que cualquier interrupción “es legítima”: “Los abortos no terapéuticos también deberían ser asumidos por la sanidad pública porque, aunque de otra manera, también pueden requerir acompañamiento. No hay una única experiencia a la hora de interrumpir y todas son válidas. La sanidad pública debe poder atenderlas todas”.
Las consecuencias de que los abortos terapéuticos salgan del circuito hospitalario
Marcos, como experto en medicina fetal, señala que uno de los principales motivos para mantener en los hospitales a estas pacientes es por la importancia “del estudio de necropsia, del de anatomía patológica y del genético” del feto una vez realizada la interrupción.
“Estos estudios no se realizan sistemáticamente si la paciente es remitida a un centro privado concertado con la Comunidad de Madrid, por lo que perdemos información muy valiosa de cara a futuros embarazos”, añade.
Fue el caso de Marina. A su bebé no le realizaron estudio alguno tras ser expulsada del Hospital Gregorio Marañón y derivarla a una clínica privada acreditada. “Cuando me dijeron que no me realizaban la interrupción en el Gregorio Marañón, yo le pregunté al obstetra qué tenía que hacer para traer a mi bebé y que, al menos, lo estudiasen. Me dijo: ‘Estos bebés no se estudian’. Se hace con cualquier aborto espontáneo, pero con nosotras no. ¿Por qué no tenemos los mismos derechos ni tratan a mi bebé con la misma dignidad? Cuando le dije todo esto al obstetra me reconoció que tenía razón, y que no tenía ningún sentido darme un diagnóstico ecográfico sin realizar después un estudio completo”, cuenta.
Marina denuncia no solo el abandono administrativo, sino la falta de información. “Di por hecho que ese estudio no era posible. En el hospital me dijeron eso, y nadie más me informó. Pero luego en un papel encontré una frase tachada que ponía: ‘Se envía cuerpo para estudio anatomopatológico’. Eso me enfada muchísimo porque parece que sí había una posibilidad que nadie me explicó”.
Sonia Lamas, una de las portavoces en Madrid de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), explica a Newtral.es que estas clínicas no tienen “acreditación para un laboratorio de estudio patológico fetal”. Es decir, no pueden realizar estos análisis posteriores a la interrupción. Lamas señala que “las pacientes lo pueden solicitar”: “Preservamos todo si nos lo solicitan por escrito”, añade.
Sobre la obligatoriedad de informar sobre esta posibilidad, Lamas señala que “desde las clínicas acreditadas siempre se intenta dar toda la información posible”, pero reconoce que “esa obligación no está protocolizada ni recogida en ningún sitio”.
Marina afirma que en la Clínica Dator, donde finalmente abortó, no la informaron y desde el hospital Gregorio Marañón le negaron el estudio ya incluso antes de someterse a la interrupción. “Ya no es solo el estudio del bebé, es que al echarte del circuito hospitalario tampoco se te aplica el protocolo de duelo perinatal. Ni siquiera me dieron una cita para revisión”.
En el caso de Laura, quien sí puedo abortar en el Gregorio Marañón, la experiencia fue muy diferente: “A mi bebé le hicieron todo el estudio genético. Te da información para saber qué pudo pasar, y eso es importante para saber si hay un problema genético de cara a futuros embarazos. También me atendió la psicóloga y me hicieron seguimiento y revisiones”.
Cristina Romero ayudó a fundar A Contracor, una asociación para dar apoyo a mujeres que han pasado por una interrupción del embarazo. En conversación con Newtral.es, Romero explica que “el hecho de que en Madrid las pocas interrupciones que se hacen en la pública se hagan velados implica que no hay transparencia sobre el proceso”. “Se produce una desigualdad sanitaria. A veces dependes de la suerte de que te toque un profesional u otro. No es justo, la asistencia debería ser la misma para todas”, añade.
Además, Romero incide en que “nadie duda de que haya clínicas profesionales, pero están acreditadas para la intervención en sí”: “En casos como el nuestro, de interrupción por patología fetal, no hay protocolo de pérdida gestacional y, desde luego, las instalaciones no son comparables a las de un hospital”, añade.
Tras la interrupción, la paciente, obligada a interrumpir su embarazo fuera de un hospital, no recibe los cuidados y el acompañamiento que corresponderían. De hecho, se queda en un limbo administrativo: “Durante un tiempo consta como que sigues siendo una paciente embarazada de ese hospital. Te siguen llegando las citas para las ecografías”.
Marina espera que la reforma de la ley del aborto, que ya ha sido remitida a las Cortes Generales y que se tramitará por la vía de urgencia, pueda solucionar las problemáticas en la implementación de una ley que fue aprobada hace ya más de una década. También considera que los abortos sin notificar en Madrid prueban “la hipocresía del sistema”: “Te dicen que respetan este derecho pero siempre y cuando lo hagan otros y lejos de sus hospitales. O, a veces, realizan las interrupciones pero sin dejar constancia de ello. Es como si siguiera siendo algo clandestino, que hay que ocultar”.
Además, como explica Gabriela, ser expulsada del circuito hospitalario público en el que a otras pacientes sí mantienen genera “una situación terriblemente injusta y aleatoria que solo añade dolor a familias ya devastadas”. “Nos privaron de todos los cuidados a los que una madre y un bebé con una pérdida espontánea sí tienen derecho”, recalca Marina. Por ello, y aunque haya una reforma legislativa en camino, Gabriela considera que esto “debería servir para recapacitar y solucionarlo lo antes posible”.
*Este artículo ha sido modificado el 13 de septiembre de 2022 para incluir la respuesta que el Ministerio de Sanidad ha dado a Newtral.es tras la publicación del mismo.
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- Número de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en centros pertenecientes a la red pública de la Comunidad de Madrid entre los años 2010 y 2019. Respuesta a una petición de información registrada por la diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas
- Respuesta de la Comunidad de Madrid a una solicitud de acceso a la información pública registrada por Newtral.es IVE notificadas al sistema de información epidemiológica de IVE de la Comunidad de Madrid por hospitales y centros sanitarios públicos. 2015-2021
- Altas hospitalarias registradas. Conjunto mínimo básico de datos de alta hospitalaria (CMBD). Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
- Informes de estadísticas anuales de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (Ministerio de Sanidad)
- Estadística de altas hospitalarias del Conjunto Mínimo de Datos Básicos (Comunidad de Madrid)
- Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
- Ministerio de Sanidad
- Hospital Universitario Fundación Alcorcón
- Hospital Doce de Octubre
- Manuel Méndez, médico internista
- Beatriz Julià, ginecóloga del Hospital Severo Ochoa
- Médico experto en medicina fetal que realiza interrupciones terapéuticas
- Sonia Lamas, portavoz en Madrid de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI)
- Cristina Romero, miembro de la asociación A Contracor
- Testimonios de Gabriela, Marina, Laura y Verónica
Cuál es la conclusión de estos datos. No dejar nacer bebés enfermos en la pública, sirve para blanquear intervenciones ajenas a la buena praxis médica. Algo que destruye vidas y deja a la madre con graves consecuencias en su salud.
Cuánta apología del aborto provocado. No sabía que para un bebé enfermo, el tratamiento es matarlo, en el seno materno. Esos casos no suponen ni el 1% de los abortos realizados. Y si por enfermo, justificas lo que llamas aborto terapéutico, a los bebés sanos, por qué no les dejas nacer. Puras contradicciones y gran negocio. Se utilizan el caso del hijo enfermo, con emotivismo barato, para blanquear unas intervenciones alejadas de la buena praxis médica.
Gran trabajo, gracias