El Gobierno de Castilla y León gasta más de 520.00 euros al año en contratos con una clínica privada para practicar abortos de pacientes derivadas de la sanidad pública. Se trata del concierto de la prestación sanitaria con Ginemédica, una clínica de Valladolid, según los contratos disponibles en la plataforma de Contratación del Sector Público.
Aunque hay otras tres clínicas acreditadas para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la región, dos en Salamanca y una en León, la de Valladolid es la única con concierto con Castilla y León para realizar las IVE procedentes de la pública.
Castilla y León justifica objeción de conciencia en la pública para derivar los abortos a centros privados
La gerencia de Valladolid contrató durante un año los servicios de Ginemédica para las interrupciones del embarazo de la provincia. Así, adjudicó por 177.802 euros este servicio, que finalizó en junio de 2022. Ahora tienen en licitación un nuevo contrato anual y estiman un gasto de más de 200.000 euros.
La memoria del nuevo contrato justifica que los hospitales Río Hortega y Clínico Universitario, de Valladolid, y el Hospital de Medina del Campo, necesitan derivar a las pacientes a centros privados acreditados porque los profesionales sanitarios implicados en la realización de abortos se han acogido al derecho de ejercer la objeción de conciencia previsto en el artículo 19.2 de la ley del aborto de 2010.
Lo mismo alegan desde la Gerencia de Salud de León , tal y como consta en el documento que justifica la contratación: “Todos los ginecólogos del Complejo Asistencial de León y el Hospital El Bierzo se han acogido a su derecho de objeción de conciencia”. No hay médicos disponibles en la sanidad pública y por ello termina adjudicando a la clínica de Valladolid un contrato de más de 70.000 euros al año para que preste este servicio.
En los contratos de Salamanca y de Segovia (prorrogado hasta 2023 como confirma la propia clínica) repiten una justificación idéntica. Así, el Hospital Universitario de Salamanca y el Complejo Asistencial de Segovia no efectúan interrupciones del embarazo porque todos los ginecólogos se han acogido a la objeción de conciencia.
En cambio en Burgos indican que les resulta imposible asumir las interrupciones con medios propios dado que la Sanidad de Castilla y León (SACYL) no dispone de los mismos y debido al volumen de la demanda necesitan subcontratar la prestación con Ginemédica. Igualmente, esta es la la única provincia castellana y leonesa que notifica abortos practicados en un centro público (Hospital Santiago Apóstol) desde 2012.
Por otro lado, en la plataforma de contratación no hay ningún concierto con centros privados para la práctica de abortos en Soria. Este medio ha consultado a la gerencia del área de salud y a la Consejería de Sanidad de Castilla y León y no ha recibido ninguna respuesta sobre si tienen alguno.
Sin embargo, según el último informe disponible de IVE en Castilla y León de 2021, todas las interrupciones del embarazo de mujeres de Soria, financiadas por el Gobierno de Castilla y León, se realizaron en centros de otras comunidades autónomas. Pero no publican ningún contrato con una clínica que se ubique en otra región.
Abortos en la privada con financiación pública
La interrupción del embarazo es una prestación financiada por el sistema nacional de salud. Como recoge el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2010, la IVE se realizará en centros de la red sanitaria pública y “excepcionalmente” si no se puede facilitar a tiempo la prestación, podrán derivar a la paciente a cualquier centro acreditado.
Sin embargo, las comunidades derivan los abortos a centros privados con los que tienen el concierto del servicio, como es el caso de Castilla y León. Lo paga la administración pública pero se realiza en la privada.
Pese a que el aborto está cubierto por la Seguridad Social también hay mujeres que pagan por abortar.
En 2021 en Castilla y León, casi la mitad de las mujeres que abortaron lo pagaron de su bolsillo (un 42,2,3%). Aunque desde la aprobación de la ley del aborto, en 2010, el porcentaje ha ido disminuyendo, nunca ha bajado del 40%. Mientras, en otras comunidades como Navarra o Asturias la financiación del aborto en 2021 fue de más del 92%. Esto significa que menos de un 8% de mujeres pagaron por abortar.
La derivación de la sanidad pública a centros privados concertados, el periodo de reflexión de tres días y la obligación en algunos casos de desplazarse a otras provincias, como ocurre en Castilla y León, explicaron expertas a Newtral.es, son algunos de los factores que llevan a muchas mujeres a acudir directamente a una clínica privada y pagar por la interrupción.
Además, Castilla y León es la única comunidad autónoma en España que no financia la sedación para los abortos instrumentales. Así, la paciente paga el procedimiento completo o tiene que abortar con anestesia local.
(*) Este artículo ha sido modificado para añadir el importe correspondiente a la provincia de Ávila
- Plataforma de Contratación del Sector Público
- Informe anual de IVE del Ministerio de Sanidad
- Informe anual de IVE de Castilla y León
- Gabinete de prensa de Ginemédica
- Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia
