Más del 81% de los abortos de 2023 se realizaron en la sanidad privada a pesar de ser un derecho financiado 

Las mujeres españolas siguen abortando mayoritariamente en centros privados, según recoge el Ministerio de Sanidad en el último informe de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) con datos correspondientes a 2023. Aunque esta cifra baja ligeramente año tras año, la mayoría de comunidades autónomas siguen derivando esta prestación a centros privados acreditados con los que tiene concertado este servicio y otras ni siquiera los llevan a cabo, a pesar de que el aborto es un derecho financiado por el Sistema Nacional de Salud. 

Datos sobre el aborto voluntario en 2023. El informe anual de IVE permite realizar una radiografía, tanto nacional como regional, sobre la prestación del aborto en España. 

• El 81,4% de los abortos que se realizaron en España en 2023 se llevaron a cabo en centros privados, la mayoría de ellos externalizados, es decir, pacientes derivadas desde los centros públicos a clínicas privadas. En cifras: de las 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo que Sanidad contabilizó en 2023, solamente 19.125 se realizaron en centros públicos (un 18,6%). Esto supone un incremento de un 1,3% respecto al año anterior.

• Por otro lado, aumentó el número de centros que notificaron IVE a 230, frente a los 222 centros que comunicaron abortos en 2022. Sin embargo, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura siguen sin informar de ningún aborto realizado en sus clínicas públicas. Cabe destacar que hasta 2023, estas regiones junto a Castilla y León, no realizaban abortos ni en la sanidad pública ni en la privada.

• Como te contamos en Newtral.es, esto hace que miles de mujeres se vean obligadas a costearse una intervención abortiva de su bolsillo a pesar de ser un derecho gratuito.

Una ley que todavía se incumple. La ley de interrupción del embarazo en España se aprobó en 2010 y se reformó en 2023 para implementar esta prestación en centros sanitarios públicos, algo que en más de una década no se había conseguido. Sin embargo, un año y siete meses después de su modificación, esta ley no se cumple: faltan registros de objetores de conciencia y la derivación de pacientes a clínicas privadas sigue siendo la tónica general.

Según los recuentos que hizo Newtral.es en marzo de 2024, al menos seis comunidades aún no tienen el registro de sanitarios objetores al aborto exigido en la norma. Se trata de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y País Vasco. 

• Mientras, otras siete comunidades no respondieron a la petición de información de este medio o denegaron la solicitud, por lo que no es posible saber en qué estado se encuentra este registro. Solo cuatro autonomías, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cantabria, han desarrollado por el momento este registro. 

[Derivar a una mujer a otra comunidad para abortar vulnera sus derechos fundamentales, según el Constitucional]