Cuando poder abortar por malformación en España depende de la decisión discrecional de un comité

Clara se vistió de negro, con un jersey oversize, y cogió un vuelo con destino a Bruselas. Era mediados de diciembre de 2020, en plena pandemia del covid y con numerosas restricciones para poder salir de España. Uno de los hospitales públicos de Bruselas, el CHU Brugmann, le hizo un documento que le permitía viajar al extranjero. La ropa ancha le permitió esconder el embarazo, ya en la semana 33. Junto a su marido, Clara viajó hasta la capital belga para poder interrumpir la gestación por una malformación fetal muy grave. En España, el comité clínico que evalúa estos casos, es decir, abortos de la semana 22 en adelante por motivos médicos, le había denegado la petición.

Cuando ya estaba ingresada en el CHU Brugmann, la llamaron del Hospital Materno-Infantil de Málaga para comprobar cómo evolucionaba la malformación fetal. Tal y como consta en el historial médico de Clara, desde hacía semanas había “sospecha de una megacisterna magna” que le producía “una hidrocefalia severa”. El comité clínico de Andalucía no lo consideró una malformación incompatible con la vida ni una enfermedad extremadamente grave e incurable, que son los supuestos que contempla la ley de interrupción del embarazo aprobada en 2010 para poder abortar a partir de la semana 22. Sin embargo, el comité del hospital público y universitario de Bruselas, el CHU Brugmann, sí. “Cuando estaba ingresada en Bruselas, me llamaron del hospital de Málaga. Cogí el teléfono y les dije a los del hospital de Málaga que estábamos tratando de solucionar lo que ellos no habían solucionado”, cuenta Clara a Newtral.es. 

Clara tuvo que pagar 150 euros en concepto de admisión en el hospital belga junto a los billetes de avión y las noches en el hotel previas al procedimiento. “Por suerte, la tarjeta sanitaria europea me cubría todos los demás gastos del hospital”, explica Clara. Algo que también corrobora el correo electrónico que envió a Clara una de las doctoras de la unidad de medicina fetal del CHU Brugmann.

Desde este hospital belga, la jefa del servicio de medicina fetal, Teresa Cos, explica a Newtral.es que atienden “unos 200 casos al año de mujeres procedentes del extranjero”. “Entre 50 y 60 son de España”, añade. 

Cuántas solicitudes hay en las CCAA y cuántas deniegan los comités clínicos

Newtral.es ha registrado peticiones en los portales de transparencia de todas las comunidades autónomas para saber el número de solicitudes realizadas a los comités clínicos y el número de denegaciones anuales desde que se aprobó la ley de interrupción del embarazo hasta la actualidad (de julio de 2010 a julio de 2022). Algunas han denegado la petición y otras no han respondido en el plazo máximo de resolución. Entre las que sí han respondido, las hay que no han enviado el número total de solicitudes por año o solo han enviado los datos de los últimos años, pero no del periodo solicitado. 

En la siguiente tabla puedes consultar, comunidad por comunidad, los datos que hemos obtenido a través de los portales de transparencia de solicitudes favorables y denegadas realizadas a los comités clínicos para los abortos a partir de la semana 22.

Andalucía, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Comunidad Valencia y La Rioja han facilitado los datos tanto de solicitudes favorables como de solicitudes denegadas de, al menos, 2020. El año de pandemia y el año en que Clara tuvo que irse a Bélgica, en las CCAA mencionadas, 26 mujeres no fueron autorizadas por el comité clínico para abortar a partir de la semana 22. El total de peticiones en estas nueve CCAA en 2020 fue de 223. Sin embargo, hay diferencias territoriales. Mientras que en la Comunidad Valenciana el porcentaje de denegaciones en 2020 fue del 3,3% y en Andalucía del 8,6%, en Cataluña fue del 18% y en Murcia del 22%. 

Abortos tras la semana 22 en el extranjero

“Tuve que irme a Bélgica a abortar en plena pandemia como si fuese una delincuente”, reconoce Clara. Hasta llegar a ese punto, pasaron casi 10 semanas. En la semana 24 le detectaron una posible malformación fetal en la consulta privada a la que acudía Clara. En el Hospital Comarcal de la Axarquía consideraron que era algo leve. A partir de ahí, tal y como detalla Clara y como consta en los informes médicos, le realizaron pruebas (ecografías y radiografías principalmente) para ver cómo evolucionaba. “El diagnóstico nunca era claro, pero fue pasando de leve a moderado y, después, a grave. Nadie me decía qué complicaciones podía tener para mi hijo”.

En la semana 29, Clara acudió a un centro sanitario privado donde el médico le indicó que “la cabeza del feto era entre cuatro y cinco veces más grande de lo que correspondía para esa semana de gestación”. En la semana 30 la derivaron al Hospital Materno-Infantil de Málaga. El médico que la atendió concluyó lo mismo que el médico de la privada: que el tamaño de la cabeza del feto era excesivamente grande. “El pronóstico no era nada bueno y me sentía engañada porque en el Hospital Comarcal me habían dicho que seguramente no fuese nada. En la semana 31 fue cuando dije que quería interrumpir. La médica del comarcal cursó la petición y a los pocos días me llegó un correo donde se me denegaba. No decían por qué, solo que no consideraban que mi caso no entraba en los supuestos amparados por la ley”, explica Clara.

Tras la denegación, nadie informó a Clara de que podía recurrir la decisión aportando nueva documentación. Tampoco sabía que se pueden tramitar varias solicitudes a la vez a comités de otras comunidades autónomas. Finalmente, su hermana consiguió el teléfono de Julie Samoyault, la creadora de una agencia (Travel Abortion) que hace de intermediaria para que personas de diferentes países puedan abortar en el extranjero (españolas, polacas, italianas…). 

“Trabajo con clínicas privadas pero también con hospitales públicos, como el CHU Brugmann de Bruselas. A las mujeres españolas que necesitan abortar en el extranjero por motivos médicos les cobro 300 euros, y en la mayoría de casos ni se los pido. Les gestiono todo: envío la documentación para que los médicos la revisen y decidan si aceptan el caso, busco vuelos, hoteles y las ayudo a organizar todo lo necesario para el procedimiento y la estancia”, cuenta Samoyault a Newtral.es.

“Julie me ayudó mucho. En mi caso, es cierto que ni me pidió el dinero. Gracias a ella pude despreocuparme de la parte organizativa, si no no sé qué habría hecho. Nunca pensé que tendría que acabar cruzando una frontera para abortar, como en la España de hace décadas”, explica Clara. 

Desinformación respecto al comité: elección de uno de los miembros y recurrir la decisión

De acuerdo con la ley aprobada en 2010, la norma que regula la interrupción del embarazo, a partir de la semana 22 se puede abortar “cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”. 

El Real Decreto 825/2010, que desarrolla el reglamento de la ley del aborto, establece que la paciente “tiene derecho a elegir a uno de los médicos especialistas” del comité clínico. “Si hace uso de su derecho, propondrá a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma la designación de un médico, del sector público o del privado, de su elección”, añade. 

Como explica a Newtral.es José Antonio Bosch, abogado y asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), “apenas se informa a las mujeres de que tienen este derecho”: “Es importante porque va a ser la voz de la paciente en el comité. Por defecto, no se ofrece. Es como si la mujer tuviese que saberlo. La ley, además, no contempla que el dictamen del comité deba estar argumentado. Solo se ratifica o no que hay una incompatibilidad con la vida o una enfermedad incurable, pero no tienen por qué justificar ni detallar la decisión”, añade.

En relación a la redacción de la parte de la ley que regula los abortos tras la semana 22, el ginecólogo Santiago Barambio, fundador de la clínica Tutor y cofundador de la Sociedad de Endoscopia Ginecológica Española (SEGE), en conversación con Newtral.es: “Para mí la curación es la restitución de la funcionalidad. El problema no está en la redacción de la ley, sino en la interpretación tan restrictiva que se hace de lo que es una enfermedad incurable o una patología incompatible con la vida. Conozco varios casos en los que el bebé ha fallecido a los 15 días de nacer, fíjate si estaban mal. No podemos obligar a las mujeres a pasar por eso. Hay que informarlas del diagnóstico y de las posibles consecuencias para que ella decida”. 

“Mi sensación fue que los médicos querían jugar a ser dioses con mi bebé”, reconoce Clara. “Le querían operar el cerebro, ponerle válvulas… ¿A ti te parece que eso es una vida digna? Cuando me vieron las médicas del hospital de Bruselas me dijeron que mi niño iba a morir seguramente durante el parto o a los pocos días, que tenía muchas malformaciones. Y la autopsia así lo confirmó”, añade.

Teresa Cos, la médica que atendió a Clara, y que atiende a otras mujeres que salen de España para poder abortar a partir de la semana 22 cuando el comité clínico les ha denegado su solicitud, señala que el hospital de Bruselas CHU Brugmann “no es una clínica de aborto, es un hospital público universitario con un gran servicio de medicina fetal”. “Aquí comprobamos el diagnóstico y hacemos todas las pruebas pertinentes. Cuando vienen es porque realmente hay una sospecha de que hay una malformación grave. Le exponemos toda la información a la mujer y ella decide. Se trata de qué vida quiere también esa mujer para su hijo. Hay mujeres que llegan aquí y deciden seguir adelante, y para ellas también hay protocolos y acompañamiento”, añade. 

Aborto tras la semana 22: recurrir la decisión del comité clínico

En 2019, María, nombre modificado a petición de la entrevistada, acudió a la ecografía de la semana 20, en el Hospital del Sureste (Madrid). Ahí le detectaron al feto una dilatación leve en uno de los hemisferios del cerebro. “Pedí una amniocentesis y me dijeron que no hacía falta. Me citaron dos semanas después, en la 22, cuando ya casi estaba fuera de plazo para interrumpir si lo necesitaba sin necesidad de acudir al comité clínico”, explica a Newtral.es.

En la siguiente cita, y ya derivada al Hospital 12 de Octubre, le dijeron que la dilatación en el cerebro del feto había aumentado de tamaño y encontraron un quiste. “Volví a solicitar una amniocentesis que tampoco se me realizó. Ahí expresé mi deseo de interrumpir si mi bebé tenía una anomalía grave. Necesitaba que me dijesen algo. El médico me dijo que aún era pronto y me volvió a citar en dos semanas”, relata. 

Ya casi en la semana 25 de gestación, y tal y como consta en el historial médico de María, le realizaron una amniocentesis y le indicaron que el pronóstico no era favorable. “Sin embargo, me desaconsejaron ir al comité clínico. Me dijeron que creían que no iban a aprobar mi caso. Me dijeron que había que ver cómo evolucionaba y me dieron cita para un mes después. Era una incertidumbre insoportable”. 

Jordi Baroja es técnico en la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, donde trabaja acompañando a mujeres que requieren un aborto tras la semana 22: “En Cataluña tenemos el formulario y el correo electrónico para que la paciente pueda elevar directamente su caso sin intermediarios. Las ayudamos con todo el proceso: a elegir a uno de los miembros y a aportar documentación. Si vemos que es un caso de algún tipo de malformación que en Cataluña se suele denegar, tratamos de elevarlo paralelamente al comité de otra comunidad autónoma. Porque esa es otra cuestión: casos que en un territorio no pasan, en otros sí”. 

En su caso, María buscó ayuda a través de Women’s Link. Pidió más pruebas médicas a través de la sanidad privada, donde le confirmaron que el feto padecía “lesiones para las que en la actualidad no hay posibilidad de curación”, que, además, podrían empeorar “al progresar el desarrollo fetal”, tal y como se puede leer en el informe médico. Junto a la abogada Estefanny Molina y con esta nueva documentación, María, directamente a través de la Consejería de Sanidad de Madrid, elevó su caso al comité, que fue denegado.

“Sentí que el hospital se desentendía de mí y la espera no era una opción. Seguí acudiendo a clínicas privadas para aportar más pruebas. Me gasté en total 2.500 euros”, explica María. Ya en la semana 28, y con diversos informes que constataban la malformación fetal grave y sin curación, María volvió a elevar su caso al comité clínico. Esta vez sí lo aceptaron y finalmente pudo interrumpir su embarazo. 

“¿Por qué no me dijeron que podía elegir a un miembro del comité? ¿Por qué me pidieron esperar y esperar cuando en la privada me hicieron todas las pruebas necesarias? Mi hospital se desentendió de mí. Me llamaron semanas después cuando mi hijo ya estaba enterrado”, relata María.

Tanto Clara como María expresan su malestar respecto a la atención sanitaria recibida y ambas la han calificado de “violencia obstétrica”. Ninguna fue informada de que podían elegir a un miembro, de que podían recurrir la decisión o, incluso, de que podían elevar su caso a otras comunidades autónomas. Además, las negativas que recibieron ambas no explicaban el porqué de las denegaciones. María especifica que se sintió “como una menor de edad, tutelada e infantilizada”.

Qué pasa con la actual reforma de la ley del aborto y qué dijo el CGPJ sobre los comités clínicos en 2010

En la actualidad, el proyecto para reformar la ley que regula la interrupción del embarazo está en tramitación por la vía de urgencia. Esta modificación legislativa pretende devolver el derecho a abortar sin consentimiento parental a las menores de 16 y 17 años, pero también implementar esta prestación en la sanidad pública, crear un registro de objetores de conciencia, eliminar el periodo de reflexión de tres días así como la obligatoriedad de recibir un sobre de políticas activas a la maternidad. 

Sin embargo, la reforma en tramitación no aborda el tema de los abortos tras la semana 22 y los comités clínicos. El informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previo a la aprobación de la ley en 2010 ya alertaba de que la norma, en ese momento un anteproyecto, “debiera ser más preciso en las competencias del Comité, estableciendo la obligación de motivar la denegación de una intervención, así como las causas para justificar tal decisión”. El CGPJ proponía un modelo de jurisdicción voluntaria (intervención de un juez para autorizar un acto) en lugar de esta "suerte de modelo de control de legalidad" en manos de médicos, como lo describe el Poder Judicial en su informe. Sin embargo, esta recomendación no se incorporó finalmente.

Por otro lado, y a tenor de lo que expone dicho informe, el borrador del anteproyecto contemplaba que se excluyese de la composición de los comités clínicos a “quienes se hayan manifestado contrarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”. Es decir, el borrador normativo elaborado por el Ministerio de Igualdad en 2009, a cargo de Bibiana Aído, contemplaba excluir de los comités a quienes fuesen contrarios al derecho al aborto.

En este caso, el CGPJ exigía que se hiciese explícito “el fundamento racional de la exclusión”. “Precisión y claridad que determine qué ha de entenderse por manifestación contraria a la IVE [interrupción voluntaria del embarazo]”. El informe del CGPJ señalaba que “cuestión distinta sería la exclusión de quienes se hubieran declarado objetores de conciencia”. Por ello, recomendaba la creación de un registro de objetores. Finalmente, la ley salió adelante sin que el articulado contemplase exclusión alguna para formar parte del comité clínico.