Nicola Packer acaba de ser declarada inocente del delito de aborto en Reino Unido. Fue denunciada por uno de los médicos que reportó su caso a la Policía tras sospechar que había interrumpido su embarazo fuera del plazo establecido por ley de forma deliberada.
A pesar de la absolución casi cinco años después de que comenzase su proceso judicial, la noticia llega cuando varias organizaciones, como My Voice, My Choice, y medios de comunicación, como el Guardian, alertan de que las autoridades policiales recomiendan a sus agentes registrar casas, teléfonos y ordenadores en busca de pruebas que puedan corroborar que una mujer habría abortado fuera de la legalidad. La investigadora Zoe Tongue, de la Universidad de Leeds, asegura que en los últimos años ha habido un aumento de la persecución judicial de mujeres que abortan en Reino Unido.
Contexto sobre el aborto en Reino Unido
El aborto en Reino Unido —en Inglaterra y en Gales, en concreto— está despenalizado hasta la semana 24. Para ello, dos médicos deben firmar un informe certificando que hay riesgo físico o psíquico para la gestante. En esos casos, se considera un aborto dentro de la legalidad, por lo que no se estaría cometiendo un delito. Pasada la semana 24 es posible abortar pero solo en casos de malformaciones muy graves o de incompatibilidad con la vida, y siempre y cuando esté certificado médicamente.
Abortar fuera de estos límites establecidos en la ley de despenalización implica que la mujer puede enfrentarse a la pena máxima de cadena perpetua, tal y como recoge aquí el British Pregnancy Advisory Service (BPAS), una de las organizaciones británicas más importantes para la interrupción del embarazo.
En 2020, durante el covid, se permitió abortar con el método farmacológico hasta la semana 10 sin necesidad de un informe firmado por dos médicos. Como explica la investigadora y jurista Zoe Tongue, experta en derechos reproductivos, “las consultas se realizaban por teléfono y, en lugar de una ecografía, [el profesional sanitario] estimaba la semana de gestación basándose en la última menstruación de la mujer y en la fecha en que ella indicaba haber tenido su última relación sexual”. Así, las pastillas para interrumpir el embarazo “se enviaban al domicilio de la mujer”, donde ella podía administrarlas. Este método de telemedicina para abortar hasta la semana 10 (9 semanas y 6 días) sigue vigente desde entonces.
La ley que despenalizó el aborto en Reino Unido es de 1967 y contempla excepciones al delito del aborto recogido en la Offences Against the Person Act, de 1861 —una ley, por tanto, de la época victoriana—. Así, la ley de 1967 no regula el aborto como tal, sino que establece circunstancias en que está despenalizado.
- En España el aborto se despenalizó en 1985. Esa ley contemplaba tres excepciones al delito del aborto y estuvo en vigor hasta 2010, año en que se aprobó una norma que regulaba el acceso al aborto como tal. Desde entonces se puede abortar libremente hasta la semana 14. A partir de esa semana, es posible abortar pero bajo supuestos médicos. Aunque el aborto como tal sigue recogido en el Código Penal español, si una mujer aborta fuera de lo establecido en la ley, no se enfrenta a prisión como en Reino Unido, sino a una multa de seis a veinticuatro meses (artículo 145.2).
Vigilancia policial: por qué ahora se habla de registrar casas y teléfonos
La periodista Phoebe Davis, del The Observer, fue quien recientemente alertó de que la Policía Nacional británica (NPCC) había actualizado la guía “child death investigation” —“investigación de muerte infantil”— para ampliar todo lo referente a cómo recabar pruebas en caso de sospecha de aborto ilegal.
Davis señalaba en su publicación que esta guía aconseja a los agentes buscar “fármacos que puedan interrumpir el embarazo” y sugiere que incautar los dispositivos digitales de una mujer podría ser útil para ayudar a los investigadores a “establecer el conocimiento y la intención de una mujer en relación con interrumpir el embarazo”. Esto incluiría, señala Davis, “la revisión de las búsquedas en internet de una mujer, mensajes a amigos y familiares, y aplicaciones de salud, tales como rastreadores del ciclo menstrual y de fertilidad”. Así lo reporta también el Guardian, que se hizo eco de la investigación de Phoebe Davis.
La guía actualizada en diciembre de 2024 recoge en su epígrafe 10.4.4 todo lo mencionado, pero también añade que puede ser útil el historial médico de la mujer sospechosa de haber abortado fuera de la legalidad, así como blísteres de fármacos que habitualmente se emplean para abortar o “remedios herbales que contienen cantidades tóxicas de sustancias abortivas de origen natural”.
Qué dice la policía sobre esta guía para perseguir el aborto en Reino Unido
Desde la NPCC aseguran que la nueva guía “se creó, en parte, para evitar la criminalización innecesaria de las mujeres a la luz de un pequeño aumento de denuncias cuando cambió la legislación para los abortos en casa”. También apuntan que “la policía no investiga la pérdida del embarazo [en referencia a un aborto espontáneo], sino que es en las raras ocasiones en que se recibe una denuncia de interrupción ilegal del embarazo cuando puede producirse una investigación”.
Sin embargo, para la investigadora y jurista Zoe Tongue la nueva guía sí insta a investigar también los abortos espontáneos, dado que habla de “muertes fetales”. La guía actual reemplaza la anterior, de 2014, que “mencionaba muy brevemente el aborto ilegal y que no aconsejaba a los agentes de policía que investigaran las muertes fetales”, dice Tongue, quien asegura que esta guía “anima a los agentes de policía a ser mucho más invasivos que antes”.
Desde la NPCC aclaran que “solo se inicia una investigación cuando existe información creíble que sugiera actividad delictiva, y esto a menudo se debería a preocupaciones planteadas por profesionales médicos”.
Sin embargo, el Guardian reporta aquí que cuando la policía de Hampshire encontró una placenta humana en una zona boscosa en 2023, “solicitó al BPAS una lista completa de las mujeres que habían realizado consultas [en este servicio] sobre una interrupción del embarazo y que luego habían desistido”. “BPAS quedó atónito ante la solicitud, ya que podría haber afectado a cientos de mujeres y ni siquiera contaba con la legitimidad de una orden judicial”, apunta la información del Guardian.
“Ha habido mujeres procesadas por aborto ilegal por tomar píldoras abortivas antes de este aumento de la criminalización, pero esos casos eran relativamente raros. Parece que el paso a la telemedicina ha aumentado la vigilancia por parte de la policía y de los profesionales sanitarios respecto a las píldoras abortivas, de modo que más profesionales sanitarios están denunciando a mujeres que sospechan de aborto ilegal y la policía está más dispuesta a investigar esos casos”, argumenta la jurista Tongue.
Desde el BPAS, Rachael Clarke concuerda con lo señalado por Tongue y añade que “en lugar de que los hospitales les ofrezcan atención y apoyo a estas mujeres, se las está denunciando a la policía”. Clarke
En este sentido, la investigadora reconoce que la telemedicina para interrumpir un embarazo “facilita que se pueda incumplir involuntariamente la ley penal”, ya que “es posible que algunas mujeres tomen esas píldoras creyendo estar dentro del límite de las 10 semanas cuando en realidad estaban un poco más avanzadas, especialmente aquellas con ciclos menstruales irregulares, lo que técnicamente significaría que su aborto fue ilegal”. Este fue, de hecho, el caso de Nicola Packer, que acaba de ser absuelta.
El aumento de persecuciones judiciales: datos y motivos
Hay varios casos documentados de mujeres que han sufrido las consecuencias judiciales por supuestos abortos ilegales. El Independent explica aquí cómo dos mujeres se enfrentaron en 2022 a una condena, y la CNN recoge la condena de dos años de prisión a otra mujer en 2021, además del caso de Nicola Packer.
En su investigación (publicada en Clinical Ethics, 2024), Zoe Tongue apunta que “en los últimos años se ha producido un aumento notable en la investigación y el procesamiento de embarazadas sospechosas de aborto ilegal”. A través de solicitudes de acceso a información pública, la jurista revela que “en el periodo de diez años comprendido entre 2010 y 2019, 17 casos relacionados con el aborto llegaron a los tribunales, resultando en seis condenas”, mientras que “en el periodo de cuatro años comprendido entre 2020 y 2023, 11 casos relacionados con el aborto llegaron a los tribunales, resultando en cinco condenas”.
El Times recoge aquí cómo en 2022 se presentaron cargos contra una mujer que dio a luz a un bebé sano después de que los médicos detectaran misoprostol (una de las dos píldoras abortivas de uso común, que también se utiliza para tratar úlceras gastrointestinales) en su organismo. “El caso fue desestimado después de que el juez del caso escuchara que ella había tomado las pastillas por accidente, ya que se las habían recetado en su país de origen, Portugal, al confundirlas con medicación para la candidiasis”, explica Tongue en su paper.
Desde el BPAS, Rachael Clarke apunta que “la ley se está instrumentalizando más activamente” y Tongue lo vincula no solo con la telemedicina, sino con “el auge de las políticas de extrema derecha y antigénero en todo el mundo”. Según la investigadora, “grupos antiaborto tanto de Estados Unidos como de Reino Unido están desplegando campañas y están aumentando la vigilancia”.
Tongue vincula esta fiscalización de la autonomía corporal con la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el sexo biológico, un fallo que genera situaciones de desamparo para las personas trans, especialmente para las mujeres trans. “Definir a las mujeres por referencia al sexo biológico reafirma la idea de que las mujeres se definen por sus capacidades reproductivas, y los estereotipos sobre la maternidad como destino biológico de la mujer sustentan la forma en que muchas personas piensan sobre el aborto”, concluye la jurista e investigadora.
