Iria estaba en la semana 26 de gestación cuando interrumpió su embarazo. Fue después de que le detectaran a su bebé un síndrome de gravedad. El comité clínico de Madrid autorizó la intervención, pero desde la Consejería de Sanidad le dijeron que en los hospitales públicos no se realizaban abortos. Ella insistió y finalmente le dijeron que el Hospital Gregorio Marañón había aceptado atenderla pero que ellos no realizarían el feticidio —detener el latido del bebé con un fármaco—. “Me derivaron a una clínica privada [para el feticidio] y luego volví al hospital para parir al bebé ya fallecido”, cuenta.
Esto se conoce como procedimiento en doble fase e implica que los hospitales públicos externalizan la primera parte del aborto: el feticidio. Una vez el corazón del bebé ya no late, la mujer viaja hasta el hospital público, donde le inducen el parto. Tal y como explica Sílvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, “es una cuestión puramente ideológica”: “Quieren desentenderse de la parte del proceso que es estrictamente poner fin a la gestación. Atienden a esas pacientes cuando el bebé ya ha fallecido, por lo que esos abortos es como si no se hubiesen realizado en su hospital”, añade.
Es decir, esa interrupción, que se realiza a medias entre un centro privado y uno público, la notifica la clínica. El hospital en cuestión no aparece en las estadísticas oficiales. Esto implica, además, que en mitad de un procedimiento quirúrgico, la mujer debe trasladarse a otro centro sanitario.
“Nos llegan casos así principalmente de Madrid, pero también de Murcia. Y hemos tenido algunos de Andalucía y de Extremadura”, explica Aldavert. Esta opción se ofrece en ocasiones a mujeres que quieren llevar a cabo su aborto terapéutico —por cuestiones médicas— en un centro sanitario público. “Pueden ‘elegir’ entre abortar en la privada y hacer todo el proceso ahí o hacerlo así en un hospital público, donde solo atienden el expulsivo. Es hipocresía extrema y violencia institucional”, apunta la coordinadora.
Tras el feticidio, Iria tuvo que coger un taxi por su cuenta para acudir al hospital
Todo iba bien en el embarazo de Iria hasta que en la ecografía de la semana 20, en abril de este año, detectaron “una pequeña asimetría” en el corazón de su bebé. El obstetra, de la Fundación Jiménez Díaz, el hospital que le tocaba a Iria por zona, le indicó que podía ser una cuestión madurativa y propuso esperar a la semana 23 para hacer otra ecografía. “Luego supimos que esperar tres semanas no obedecía a un criterio técnico. La obstetra que nos atendió semanas después dijo que ese mismo día, ese médico debería haber pedido la amniocentesis”, señala Iria.
La cuestión es que al esperar hasta la semana 23, Iria ya pasaba el plazo de 22 semanas para interrumpir un embarazo con un informe firmado por dos médicos. A partir de la semana 22, esto debe pasar por un comité clínico con criterios más restrictivos.
A tenor de lo recomendado por el obstetra en la eco de la semana 20, Iria y su pareja esperaron hasta la semana 23. Acudieron entonces a la Fundación Jiménez Díaz de nuevo y al realizarle la ecografía, la obstetra detectó un problema en el corazón. “Nos dice que tengo que hacerme una amniocentesis y que va a llamar a la cardióloga pediátrica, porque ella ve un corazón que no es normal, pero que no puede darnos un diagnóstico más concreto. La cardióloga pediátrica no está disponible en ese momento y me dice que ya nos llamará. Pero nunca lo hizo. Ese mismo día vamos a Genética, donde me hacen la amniocentesis. Y ahí, esa médica ya nos dice que estando en la semana 23, si quiero interrumpir el embarazo llegado el caso, voy a necesitar pasar por un comité. Y añade: ‘Esto no gusta aquí que se diga y nos dicen que no podemos decirlo, pero a mí me gusta decirlo’”.
Tras realizarse la amniocentesis, Iria y su pareja, ante la intranquilidad de que algo no va bien con su bebé, comienzan a comentarlo con allegados. Una amiga les dice que tiene contactos en el Hospital Gregorio Marañón, así que tras algunas llamadas, consiguen que la cardióloga pediátrica de ese hospital les atienda al día siguiente. “Nos explicó todo detalladamente. Nos dijo que el bebé tenía un pronóstico malísimo, que tenía la aorta rota y que vivía gracias a que mi placenta le suministraba y le bombeaba la sangre, pero que una vez naciese, ese corazón no sería funcional. También nos dice que el obstetra de la semana 20 debió pedir una amniocentesis ese mismo día en vez de esperar hasta la semana 23”.
Esta cardióloga pediátrica les indica que esto puede ser operable en el mejor de los escenarios, y que en cualquier caso, sería necesario esperar a los resultados de la amniocentesis. Cuando estos llegan, se confirma que el bebé de Iria y su pareja tiene el síndrome de DiGeorge. “El pronóstico que nos dan indica que mi hijo no va a tener ninguna calidad de vida, y eso si conseguían operarle y salía bien”, relata Iria.
A primeros de mayo, en cuanto tienen los resultados de la amniocentesis, escriben a la cardióloga pediátrica del Gregorio Marañón. Esta recopila toda la documentación necesaria para elevar el caso al comité clínico, que dos días después autoriza la interrupción al considerar que se trata de una “enfermedad extremadamente grave e incurable”. “Me llaman de la Consejería de Sanidad para informarme de la autorización y la mujer me pregunta que cómo lo quiero hacer. Que si yo había hablado con el Gregorio Marañón para que me llo hicieran allí. No entendíamos nada. Les dije que yo quería hacerlo en la pública sí o sí. A la hora me vuelve a llamar y me dice que me cogen en el Gregorio Marañón pero que ellos no hacen el feticidio”, cuenta.
No todas las clínicas pueden realizar abortos pasada la semana 22, han de estar acreditadas para ello. Y en Madrid solo hay dos, Dator y El Bosque. Iria acudió finalmente a la clínica Dator a mediados de mayo, la introdujeron en quirófano, la sedaron y procedieron a inyectarle un fármaco que provoca la bradicardia en el bebé hasta que finalmente el latido se detiene. Cuando despertó, comprobaron que su hijo ya había fallecido. “Las enfermeras fueron maravillosas, pero el ginecólogo solo me dijo: ‘Puedes cogerte un taxi e irte al hospital. Y en tres meses puedes volver a intentar quedarte embarazada’”.
Y así lo hicieron. Todavía tambaleándose por la sedación, con su bebé fallecido todavía en su vientre y en mitad de un procedimiento médico, Iria y su pareja llamaron a un taxi, que les llevó al Hospital Gregorio Marañón.
Según Francisca García, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), “las pacientes que se someten al procedimiento en doble fase son llevadas en ambulancia hasta el hospital tras la fetolisis [o feticidio]”. Sin embargo, en el caso de Iria no fue así.
Una vez en el Gregorio Marañón, Iria entró por Urgencias “como una paciente más”. Una vez contó su caso, la subieron a planta donde comenzaron la inducción al parto para poder alumbrar a su bebé fallecido. “Me sentí muy cuidada y además me aplicaron el protocolo de duelo perinatal: me dieron una cajita de recuerdo del bebé y tiempo para despedirnos de él”.
“Que entren por Urgencias es precisamente la trampa que hacen algunos hospitales públicos para desentenderse de la interrupción de forma oficial. Ellas acceden como una paciente más, como si de repente hubiesen detectado algún problema con el bebé y hubiesen acudido a Urgencias”, explica Sílvia Aldavert.
El caso de Macarena en Murcia: aunque hay registro de objetores, la pública realiza menos del 1% de abortos
A Macarena también le detectaron una malformación grave a su bebé, aunque a ella en la semana 21, por lo que no tuvo que pasar por un comité médico para interrumpir. Con los informes médicos necesarios que requiere la ley para abortar entre la semana 15 y la 22, Macarena decidió no seguir adelante con el embarazo. En su hospital, el Virgen de la Arrixaca (Murcia), le indicaron que podía interrumpir en una clínica privada o hacer el procedimiento en doble fase: el feticidio en una clínica privada y luego la inducción en el hospital.
“Me parece tan cruel que nos hagan desplazarnos en mitad de una interrupción de un bebé deseado… Y a pesar de eso, preferí esa opción porque el hospital me daba más seguridad. Sabía que si pasaba algo, podía quedarme ingresada. Y sé que, además, te aplican el protocolo de duelo perinatal y puedes despedirte del bebé, como fue mi caso. La clínica tiene horario comercial. Una vez das a luz al bebé fallecido, te vas a casa”, explica.
Según consta en este protocolo del Servicio Murciano de Salud (junio de 2023), los abortos hasta la semana 14 se derivan directamente a clínicas privadas. Las interrupciones de gestaciones entre la semana 15 y 22 pueden derivarse a la privada o puede realizarse este procedimiento en doble fase: se externaliza el feticidio y luego la mujer regresa al hospital para el expulsivo. Y a partir de la semana 23, las interrupciones sí se harían íntegramente en un hospital público.
En Murcia no hay ninguna clínica acreditada para realizar interrupciones pasada la semana 22. Hasta que llegó este protocolo, las mujeres que requerían un aborto terapéutico pasada esa semana eran derivadas a otra comunidad autónoma. Y es que en 2023, el Tribunal Constitucional declaró que esto era inconstitucional. El pronunciamiento llegó a raíz de la denuncia de Antonia Correa, una mujer murciana a la que derivaron a una clínica privada de Madrid a abortar en 2014. El Constitucional, además, sentenció que la administración debía indemnizarla. “Entiendo que a raíz de esta sentencia, seguir derivando a mujeres murcianas a abortar a otra comunidad era inviable. Y como no hay clínicas que puedan realizar abortos pasada la semana 22, no les queda más remedio que hacerlos en la sanidad pública”, explica Sílvia Aldavert.
Así que el sistema de salud murciano realiza feticidios en abortos de más de 22 semanas porque no pueden externalizarlos al no haber clínicas acreditadas para ello —y el Constitucional ya sentenció que seguir derivándolas a otros territorios era inconstitucional—. Pero como sí hay clínicas acreditadas para interrupciones hasta la semana 22, esos feticidios sí los siguen derivando a la privada.
Murcia, a diferencia de Madrid, sí tiene un registro de objetores. Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de Sanidad, correspondientes al año 2024, muestran que no está sirviendo para implementar el aborto en la pública: menos del 1% de las interrupciones fueron atendidas en hospitales públicos, que a tenor de lo expuesto, corresponderían a esas interrupciones pasada la semana 22 que no pueden derivar.
¿Quieres comentar?