Como hace 40 años, cuando las mujeres viajaban a Londres, Laura Gil también tuvo que coger un vuelo para abortar fuera de España. En su caso, a Bruselas. Allí se trasladó embarazada de 31 semanas después de que en el Hospital de Sagunto (Valencia) le detectasen una posible malformación a su bebé. El hospital público CHU Brugmann confirmó que el pronóstico fetal era malo, como consta en el informe médico, y allí mismo Laura pudo interrumpir su embarazo.
El aborto se despenalizó en España por primera vez en 1985, pero la interrupción del embarazo se reguló como tal con la ley aprobada en 2010, permitiendo abortar libremente en las primeras 14 semanas. Para hacerlo a partir de la semana 22, la norma exige que la malformación fetal sea incompatible con la vida o que se le detecte al bebé una enfermedad extremadamente grave e incurable.
Estos llamados “abortos terapéuticos” debe autorizarlos un comité clínico compuesto por tres médicos que designa cada comunidad autónoma. Como ya contamos en este reportaje, la interpretación que se realiza de lo que es una malformación incompatible con la vida difiere según el comité, por lo que con un mismo diagnóstico, el comité de una comunidad autónoma puede autorizar una interrupción terapéutica y otro de una comunidad diferente, no.
Irregularidad en el caso de Laura: el comité de Valencia ni siquiera le notificó su decisión
En su caso, Laura elevó su caso tanto al comité de Cataluña como al de Valencia para tener más posibilidades de que le autorizasen la interrupción. El primero se lo denegó y del segundo no supo nada hasta que regresó de Bruselas tras abortar allí y reclamó en su hospital.
“Cuando pregunté me dijeron que no lo habían elevado porque yo había dicho que me iba a Bruselas a por una segunda opinión e interrumpir allí si me daban un diagnóstico claro”, cuenta Laura, algo que le extrañó dado que ella llegó a firmar un papel en consulta donde solicitaba la elevación de su caso al comité.
Tras alegar esto, unos días después la llamaron desde el hospital para informarle de que “en realidad sí lo habían elevado”: “Me dijeron que era yo la que tendría que haber llamado para informarme de la decisión del comité”, señala Laura. Sin embargo, esto es una irregularidad, ya que, según la ley, debe ser siempre el comité el que en un plazo máximo de diez días emita un dictamen que deberá transmitir “al órgano competente de la administración autonómica, a fin de que lo notifique, de manera inmediata, a la interesada”.
Laura reclamó al hospital el dictamen, alegando que si finalmente era cierto que lo habían elevado, este comité tendría que haber emitido un documento. “Me lo mandaron, y en él me denegaban la interrupción. Pero lo que me llamó la atención fue que aparecía con la fecha tapada y las firmas de los miembros también tapadas”.
Este medio ha contactado tanto con el Hospital de Sagunto como con la Conselleria de Sanitat valenciana para saber por qué habrían emitido este documento oficial sin fecha y firmas visibles, como suele ser habitual. El primero ha remitido al Comité de Bioética Asistencial, al que también hemos contactado pero sin éxito. La Conselleria, por su parte, tampoco ha respondido a la fecha de publicación de este reportaje. En este sentido, Jordi Baroja, técnico en la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, señala que esto es “una falta de transparencia inadmisible por parte de la administración pública”.
Abortar en Bruselas tras dos semanas de pruebas y sin diagnóstico claro en España
Fue en la semana 28 cuando a Laura le detectaron una posible malformación a su bebé. Le indicaron que se veía una “fusión prematura de las suturas craneales [craneosinostosis], con resultado de formas craneales anómalas”. Eso fue un viernes de marzo de 2025 y la citaron para realizarle más pruebas al lunes siguiente. Pero ese mismo día ella acudió de urgencias al Hospital de la Fe: “Me confirmaron esto mismo y yo les pregunté por el pronóstico. Me dijeron que hacían falta más pruebas, pero que una sutura tan temprana no era un buen indicativo”, explica Laura.
El lunes acudió al Hospital de Sagunto para las pruebas que le harían a lo largo de esa semana: “Con la ecografía les insistí en que quería saber qué suponía una craneosinostosis, pero solo repetían que el pronóstico era muy incierto. Me llegaron a decir que podía esperar a parir y ver cómo de mal venía el bebé”. Ante esa situación de “incertidumbre y falta de información”, sumada a “la demora de las pruebas y los resultados de las mismas”, Laura buscó opciones en internet hasta que dio con el reducto de Bruselas.
Mientras pasaban los días para acudir a la cita en la que le harían la resonancia fetal, escribió al CHU Brugmann para transmitir su caso y que valorasen si la aceptaban como paciente. “Quería que confirmaran el diagnóstico, que me dijeran algo más claro. Tenía la sensación de que en España se estaban lavando las manos, que simplemente estaban haciendo tiempo a ver cómo evolucionaba el bebé”, explica Laura.
Las pruebas en España no aportaron mayor precisión al diagnóstico, así que ante la negativa del comité de Cataluña, el silencio del comité de Valencia y “la escasa información médica” sobre el futuro de su bebé, Laura acudió a Bruselas a abortar después de que allí aceptaran su caso.
“En tres días me hicieron todas las pruebas necesarias y me dieron un diagnóstico. Resulta que mi bebé venía con un síndrome de muy mal pronóstico. Tenía un montón de problemas que en España no habían visto. Fue muy doloroso pero a la vez sentí alivio de saber que abortaba porque mi hijo no iba a tener ninguna calidad de vida”, relata.
La ley belga, muy parecida a la española: ¿por qué allí aceptan casos que aquí no?
Teresa Cos, jefa del servicio de medicina fetal del hospital público universitario CHU Brugmann, deja claro que “no es una clínica de aborto, es un hospital público universitario con un gran servicio de medicina fetal”. “Aquí comprobamos el diagnóstico y hacemos todas las pruebas pertinentes. Cuando vienen es porque realmente hay una sospecha de que hay una malformación grave. Le exponemos toda la información a la mujer y ella decide. Se trata de qué vida quiere también esa mujer para su hijo. Hay mujeres que llegan aquí y deciden seguir adelante, y para ellas también hay protocolos y acompañamiento”, añade Cos.
En Bélgica, la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo es muy similar a la española, como expone este paper publicado en 2020 en Medical Law International. Es decir, hay un periodo en el que se puede abortar de forma libre (hasta la semana 12 de gestación) y, pasado ese periodo, debe ser causal: tiene que concurrir algún motivo médico.
Tal y como expone la investigadora principal de la publicación científica, Fien de Meyer (Universidad de Amberes, Bélgica), de acuerdo con la norma belga, “la interrupción a partir de la semana 12 solo es legal si el feto padece una enfermedad extremadamente grave e incurable”.
Durante la reforma legislativa en 2018, señala la investigadora, “algunos expertos en comparecencias parlamentarias argumentaron que el 100% de certeza es imposible de alcanzar”. Por ello, algunos grupos parlamentarios propusieron que el término “enfermedad extremadamente grave e incurable” se sustituyese por “riesgo grave o riesgo real”, que es un término “menos estricto”. Sin embargo, esta enmienda no fue aceptada.
“Con una ley tan similar a la española, en Bélgica hay muchos menos problemas. Al menos en nuestro hospital, se aceptan prácticamente todos los casos. Aquí prácticamente no hay objeción de conciencia. De hecho, incluso los hospitales católicos practican interrupciones”, apunta la ginecóloga y obstetra Teresa Cos.
En 2023 entró en vigor la reforma de la ley del aborto de 2010. Una de las novedades que incluía era que se especificaba por primera vez la incompatibilidad de ser objetor de conciencia y formar parte de un comité clínico. Sin embargo, como apunta Jordi Baroja, “es tremendamente difícil comprobar que esto se está cumpliendo, en parte porque ni siquiera hay una regulación eficiente de los registros de objetores”. “Si ni siquiera tienes un registro que funcione como debería, ¿cómo vigilas desde la administración pública que no hay objetores en los comités?”, apostilla Baroja.
Para la doctora Cos, falta una mirada más humanista en el ámbito de la medicina fetal española, una que ponga por delante también las necesidades de la embarazada: “No es de recibo expulsar al extranjero a estas mujeres, con el estrés y el dolor que supone tener que tomar esa decisión. Además parece que este es un hospital de abortos, pero lo que tenemos es una de las mejores unidades de medicina fetal de Europa. Lo que hacemos es ofrecer posibilidades y, sobre todo, facilitar una vida decente y digna”.
El ginecólogo Santiago Barambio, fundador de la clínica Tutor, apunta que términos como ‘incompatibilidad con la vida’ o ‘enfermedad incurable’ pueden ser subjetivos, pues “va a depender del criterio de los miembros del comité, que es discrecional”. “Hay patologías con las que se puede vivir si entendemos vivir como seguir respirando. Hay madres que no quieren eso para sus hijos porque es una vida extremadamente dura. Conozco varios casos en los que el bebé ha fallecido a los 15 días de nacer, fíjate si estaban mal”, añade.
Jordi Baroja señala que “muchas veces las mujeres ni siquiera llegan al comité porque los propios médicos lo desaconsejan”. “Creemos que no se hace con mala intención, pero eso, unido a la falta de información, genera mucha inquietud en las mujeres, que acaban buscando vías para abortar en el extranjero, aunque sea pagando miles de euros”, añade.
Laura, de hecho, tuvo que desembolsar 6.000 euros en total entre vuelos, apartamento y comida. El hospital solo le cobró 150 euros por la primera visita. A ese gasto hubo que sumarle el segundo viaje a Bruselas, un mes después del aborto, en el que ella y su novio recogieron los restos de su bebé tras haberle realizado la autopsia: “Irte al extranjero te llena de culpa, como si estuvieras matando a tu bebé porque sí, pero al menos en el hospital de Bruselas nos hicieron sentir que no estábamos haciendo nada malo y que realmente una vida así no es vida”.
