Abolición de la prostitución: qué implica, qué proponen los partidos y qué medidas están ya en marcha

El PSOE celebró el pasado fin de semana su 40º Congreso Federal, un acto para definir el rumbo que seguirá el partido en los próximos cuatro años. La abolición de la prostitución es una de las propuestas que destacaron durante este cónclave los políticos socialistas. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró en varias ocasiones su compromiso con la abolición de la prostitución como una prioridad para lo que queda de legislatura. 

Desde los socios de Gobierno de Unidas Podemos, se está tramitando un anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía integral de la Libertad Sexual, en el que se incluyen algunas medidas orientadas a sancionar penalmente a los locales en los que se ejerza la prostitución. Además, el Ministerio de Igualdad anunció a principios de año que ya trabaja en una Ley Integral contra la Trata. 

Ahora, el PSOE quiere presentar su propia ley, de la que todavía no ha trascendido un borrador, aunque sí algunas líneas de acción genéricas.

Te explicamos qué se considera abolir la prostitución y cuáles son las propuestas de los partidos al respecto.

¿Qué implica abolir la prostitución?

En una de las pancartas colgadas en el 40º Congreso del PSOE este fin de semana se aseguraba que en 1976 los socialistas apostaron por la “abolición de la prostitución”. Lo corrobora el documento sobre las resoluciones adoptadas en el cónclave del PSOE celebrado en 1976. 

En el 39º Congreso del PSOE, los socialistas también se posicionaron a favor de abolir la prostitución, definiéndola como “los pasos necesarios para la aprobación de una normativa que regule el abolicionismo centrando la responsabilidad en los empresarios, usuarios o consumidores de prostitución. Así mismo, desarrollaremos las medidas necesarias de apoyo integral a las mujeres en situación de prostitución”, aseguran en las resoluciones publicadas tras la celebración de ese acto en 2017.

Según una resolución del Parlamento Europeo de 2014, que cita distintas declaraciones como la Declaración de las Naciones Unidas y convenciones internacionales, se considera que “la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial” y define ambas como “formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales”. 

La Unión Europea instó entonces a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir “la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género”.

Abolir la prostitución, por lo tanto, implica conseguir que esa situación desaparezca. Lo que difiere es a través de qué políticas públicas y con qué abordaje legal se puede conseguir ese objetivo. 

Esta misma resolución considera que “la prostitución funciona como un negocio y crea un mercado en el que distintos actores están interconectados y los proxenetas realizan cálculos y actúan para aumentar sus mercados (…) y que los compradores de sexo desempeñan un papel fundamental, puesto que mantienen la demanda de este mercado”. 

Es por eso que la mayoría de las acciones concretas para este objetivo pasan por sancionar a los clientes y no “prohibir” la prostitución como tal, es decir, no hacer que sea punible para las personas prostituidas, sino lograr su abolición por otras vías (sociales, legales o penales).

¿Qué iniciativas están ya en marcha en el Gobierno?

En el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la Libertad Sexual, que se encuentra en trámite desde julio a propuesta de los Ministerios de Igualdad y Justicia, se contemplan algunas medidas que podrían considerarse elementos que contribuyen a la abolición de la prostitución.

Es el caso de la introducción de la tercería locativa, es decir, sancionar penalmente a los propietarios de los locales que se lucran con la prostitución. En el borrador, que está en trámite parlamentario, se especifica que el nuevo artículo introducido perseguirá “a todo aquel que con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble o local a favorecer la explotación sexual de otra persona”. 

En esta norma no solo se incluye la pena de prisión, sino también el cierre del local. Además, explican a Newtral.es desde el Ministerio de Igualdad que esta ley “reforma el delito de proxenetismo no coercitivo, en la actualidad prácticamente inaplicado en palabras de la Fiscalía General del Estado”. Se prevé además, la creación de un fondo para ayudar a las víctimas “con el dinero confiscado a los proxenetas”, explican desde el ministerio.

En el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos se recoge además el compromiso de aprobar “una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales, además de medidas de protección y de recuperación integral de estas mujeres y niñas”.

En este sentido, el Ministerio de Igualdad que ostenta Unidas Podemos, anunció en marzo que había iniciado los trabajos para la elaboración de una Ley Integral contra la Trata. En este anuncio aseguraba que la intención de la norma era “abordar una regulación integral del fenómeno de la trata, especialmente de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”.

Añadía además que se tendrán en cuenta “aquellos aspectos de la legislación vigente en materia penal y de protección de testigos, de publicidad y de atención social, entre otros, susceptibles de ser reformados para reforzar la persecución de los delitos de trata”. 

¿Qué ha propuesto el PSOE para la abolición de la prostitución?

La abolición de la prostitución, sin embargo, se trata de un concepto más amplio que la persecución de la trata. En el documento presentado este fin de semana en el que se han expuesto las líneas generales del 40º Congreso socialista, se define al PSOE como un partido “abolicionista” que debe impulsar el “necesario consenso político y social en nuestro país que permita la erradicación de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución”. 

Tanto los altos cargos del PSOE como antiguos líderes del partido han inisistido en “la necesidad de abolir la prostitución” durante sus intervenciones en el congreso. Pedro Sánchez incidió en ello en el acto de clausura que se celebró el 17 de octubre.

Según la ministra de Justicia, Pilar Llop, “una sociedad democrática no puede permitir que el cuerpo de la mujer se consuma como un producto. El socialismo defiende que las mujeres seamos libres e iguales”.

Según el primer texto de la ponencia marco del Congreso del PSOE, “abolir la prostitución es un proceso que debe estar marcado por iniciativas legislativas y cambios sociales, al tiempo que requiere de políticas públicas eficaces que ofrezcan una salida a las mujeres y hagan de la prostitución una práctica del pasado”. 

En el documento se propone una “ley de trata que ponga fin también a cualquier forma de proxenetismo con medidas concretas, a través de políticas públicas que supongan una salida a las víctimas de trata y en contextos de prostitución”. No obstante, no se fijan plazos ni se dan más detalles sobre las iniciativas legislativas concretas, ni los plazos que se barajan. 

El 13 de octubre, el partido socialista defendió el desarrollo de una ley abolicionista de la prostitución en una jornada parlamentaria. La exvicepresidenta del Gobierno y hasta la renovación de la ejecutiva socialista del sábado secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, dijo que “en esta legislatura” están abiertos a abrir el procedimiento de una ley, aunque tampoco definió tiempos concretos para su desarrollo. Según Calvo, “no se puede ser feminista y regulacionista”. 

Según declaró a medios el presidente valenciano, Ximo Puig, “la idea es que haya sanciones” y que “sea posible una reforma”. “Depende de que haya la mayoría suficiente en el ámbito territorial y en el Congreso de los Diputados. Que haya empatía, que no se trate de un sistema de ganadores y perdedores”, sostiene Puig.

¿Cuál es la opinión de Unidas Podemos al respecto de la abolición de la prostitución?

Para la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, “la abolición de la prostitución no puede ser solo un eslogan”. “Debemos actuar contra la industria proxeneta y modificar la Ley de Extranjería para garantizar las vidas dignas de todas las mujeres”, aseguró el pasado 9 de octubre.

Montero remarcó la «necesidad imperiosa» de sacar adelante una ley con la que combatirá «todas» las violencias que se ejercen contra las mujeres, «incluida la explotación sexual», garantizando los derechos de todas esas mujeres en contextos de prostitución con planes específicos de inserción sociolaboral. En este sentido se enmarcan los proyectos legislativos que ya están en marcha en el Ministerio de Igualdad (el de Libertad Sexual y la Ley Integral contra la Trata).

Desde Igualdad explican a Newtral.es que “el Estado debe garantizar y ofrecer a las mujeres víctimas de trata y explotación sexual vías de emancipación real, digna y adecuada a su realidad”. 

Entre las medidas que Unidas Podemos pone sobre la mesa está también “modificar la Ley de Extranjería”, como aseguró la ministra Montero a principios de este mes. La intención pasa por que estas mujeres, muchas en situación irregular, puedan acceder a las condiciones materiales que les garanticen una oportunidad y acceder a un permiso temporal de residencia. “Acabar con la explotación sexual y la trata no puede ser una tarea a largo plazo”, explican desde Igualdad.

En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de En Comú Podem, Aina Vidal, anunció el 19 de octubre que el partido ha registrado una enmienda al anteproyecto de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘Solo sí es sí’, para modificar el punto del texto sobre la tercería locativa. La tercería locativa es la sanción penal “a quien destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona”, aún con su consentimiento.

“La decisión de introducir de nuevo el delito de tercera locativa, despenalizado en 1995 con la reforma del Código Penal, pone en riesgo a las personas que ejercen la prostitución, puesto que la penalización de este tipo de conductas ha demostrado efectos muy perjudiciales como la clandestinización de la actividad, peores condiciones de trabajo y dificultades en el acceso o, incluso, la pérdida de la vivienda”, explican desde En Comú Podem a Newtral.es.

Según añade el partido, que presentan la enmienda porque apuestan por «el derecho a tener derechos de las personas en situación de prostitución que así lo deseen». 

¿Y el resto de partidos? 

Desde Ciudadanos se han mostrado partidarios en varias ocasiones de “regular la prostitución libremente ejercida”. En marzo de este año, Melisa Rodríguez, portavoz de Ciudadanos, aseguró en rueda de prensa que su partido aboga por “dejar a los ciudadanos que decidan qué hacer” y regular la prostitución para “dotar de garantías” a quien la practica “voluntariamente”. 

Por su parte el Partido Popular se limita a establecer que luchará contra la explotación sexual, sin explicar propuestas concretas sobre el tema, aunque asegura que está preparando iniciativas parlamentarias relacionadas con la lucha contra la trata. 

“El Partido Popular tiene muy claro que los derechos de las mujeres son derechos que tienen que tener la máxima protección y que en ese camino de erradicar la prostitución como una fórmula de explotación hacia las mujeres y de trata a las mujeres evidentemente tenemos que seguir trabajando”, ha dicho Cuca Gamarra este lunes preguntada al respecto.

En el debate celebrado en el pleno del Congreso la pasada semana, el PNV pidió un debate sosegado sobre el tema y EH Bildu advirtió de que sobran los «paternalismos»: «Una cosa es que no te guste la prostitución, y otra cosa es que sea un delito».

Desde Vox, el vicepresidente de Acción Política, Jorge Buxadé, ha desacreditado la propuesta del PSOE porque sería «como prohibir el hambre», una idea que atribuye a un intento de que no se hable de otros problemas, como la subida de la luz o la «inmigración ilegal», según informa la Agencia EFE.

*Actualizado con las declaraciones de En Comú Podem del 19 de octubre de 2021.