Tras una petición parlamentaria del Partido Popular, el Ministerio de Igualdad se negaba a facilitar la identidad y los sueldos de sus asesores, según recogía el diario El Mundo la semana pasada. La Ley de Transparencia no recoge la obligación expresa de publicar quién es el personal de confianza de los Ministerios. Las retribuciones agregadas y asociadas a sus curriculums tampoco las encontramos en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad decidió dar esta información por otra vía: a través de una petición de información a ese mismo Portal.
Desde Newtral.es realizamos una petición de información en junio de este año a través del Portal de Transparencia para conocer quién era el personal eventual no funcionario —asesores—, de los 22 ministerios y Presidencia del Gobierno. Y en julio recibimos una respuesta por parte del ministerio que lidera Irene Montero. Te contamos quienes son los asesores de los gabinetes del Ministerio de Igualdad y sus sueldos.
Los 12 asesores del Ministerio de Igualdad
El ministerio de Igualdad, cuya titular es Irene Montero, contaba en julio con 11 asesores de libre designación —ocho mujeres y tres hombres— cuyos sueldos oscilan entre los 46.000 y los 61.000 euros brutos al año. En total, 561.418,08 euros al año. Aunque posteriormente, según la Relación de Puestos de Trabajo, contrataron a otro asesor de nivel 30 que no está reflejado en la respuesta del Ministerio de Igualdad remitida a Newtral.es.
El Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, establece los límites de contratación que tiene cada gabinete. Así, el gabinete de la ministra de Igualdad puede contar con hasta un máximo de cinco asesores y el gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad cuenta con un director de gabinete y hasta un máximo de tres asesores.
Aunque el artículo 23 de este RD también indica que los puestos correspondientes a las oficinas o unidades de prensa o relaciones sociales podrán ser cubiertos por personal eventual, no limita el número de personas a contratar.
Según los datos facilitados a Newtral.es, Patricia Fernández, como Directora de Gabinete de la Secretaría de Estado, es la asesora de Igualdad con el mayor sueldo, 60.881 euros anuales. Después están las siete asesoras de nivel 30, a quienes les corresponde un sueldo bruto de 51.946 euros al año: Clara Alonso, Teresa Arévalo, Alba González, María Naredo, Ángela Rodríguez, Lidia Rubio y Bárbara Tardón. Finalmente, la lista incluye tres eventuales de nivel inferior (N28) con el puesto de consejero técnico de información: Jesús María Generelo, Rubén Juste y Manel Ros. Cada uno tiene asignado un salario bruto de 45.638,36 euros al año.
En esta lista de asesores no se encuentra Amanda Meyer, la directora de gabinete de la Ministra de Igualdad, al tener rango de Director general y por lo tanto nombrada mediante Consejo de Ministros, tal y como recoge la ley de altos cargos.
La información compartida no permite saber si, además del sueldo establecido, estos cargos tienen derecho a percibir otros complementos —destino, específico y de productividad— que hacen que dichos sueldos puedan aumentar, ya que desde el Ministerio de Igualdad no se ha especificado esa cuantía respecto a los asesores.
Las tareas de estos cargos están recogidas en el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, según el cual el personal eventual «sólo realiza funciones calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin».
Su nombramiento y cese son libres: el responsable del Ministerio, u otro alto cargo al que se le asigne esta función, es el que decide quién ocupa el cargo de asesor y cuándo acaba su actividad. También perderá su puesto cuando la misma autoridad a la que preste la función de confianza cese de su posición, tal y como apunta el Estatuto Básico del Empleado Público
¿Información pública?
El artículo 8, apartado f, de la la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno obliga a hacer públicas las retribuciones de los altos cargos y máximos responsables de las entidades. Pero el personal eventual —como los asesores en los Ministerios— no es considerado alto cargo según la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Por tanto, no hay una obligación como tal.
En la información facilitada a Newtral.es, el Ministerio de Igualdad detalla los nombres y las retribuciones de sus asesores, pero no incluye el currículum de ninguno de ellos (Teresa Arévalo, Alba González, María Naredo, Ángela Rodríguez, Lidia Rubio…), aunque también formaba parte de la solicitud de información. Igualdad lo justifica argumentando que «debido a que el personal eventual realiza funciones de confianza y asesoramiento especial, la trayectoria académica o profesional no es objeto de baremo para su nombramiento».
Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia, reflexiona sobre esto en conversación con Newtral.es. La transparencia en relación a los asesores depende de la voluntad en cada caso, pero el hecho de que no la obligación no esté expresamente reconocida en la ley no significa que no se pueda hacer: «Las administraciones sí pueden ser más transparentes y publicar la relación de puestos de trabajo de eventuales, pero como no están obligados no lo hacen», apunta el experto.
Otro argumento habitual que utilizan las administraciones para no facilitar esta información es la protección de datos. No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo en favor de la Fundación Civio rechazó esa argumentación y obligó al Tribunal de Cuentas a identificar a sus eventuales. La clave, destacaba Civio, es que «el interés público por acceder a esa información pasa por encima del interés individual a la protección de datos, más cuando estamos hablando de nombre y cargo de personas que trabajan para organismos públicos».
Aún así, la respuesta puede ser negativa con otra justificación: que la administración no tiene la información. Si, como ocurre en el caso de los asesores del Ministerio de Igualdad, el curriculum «no es objeto de baremo para su nombramiento», el organismo no tiene por qué tenerlo. Y si no lo tienen, tampoco hay obligación de hacerlo público. Blanes reconoce, de nuevo, la legalidad de la cuestión, pero no su justificación: «Los asesores ocupan un puesto público y por tanto también reciben un sueldo público, por eso los ciudadanos tienen derecho a saber que están capacitados».
Fuentes
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Miguel Ángel Blanes, Doctor en Derecho y experto en Transparencia
- Ministerio de Igualdad a través del Portal de Transparencia
- Petición parlamentaria el Partido Popular
Por cada hombre, 4 mujeres, y.... .e una brecha salarial!!!! Más de 6000 euros ellas, frente los hombres que son los q menos cobran.... buen ejemplo, si señora,
Salen baratas las rodilleras .
Es una vergüenza tener a tu pareja al frente de un ministerio que no sirve para nada y dónde a colocado a sus amiguitas que tampoco sirven para nada pero que se llevan un pastón.
Es una vergüenza que exista este ministerio y en vez de dedicar esos 500k a la mejora de sanidad por ejemplo. Es lo que tiene ser la pareja de pablemos.. Te coloca en un ministerio que no crea riqueza sino que la destruye
Uno más de los cientos de agujeros por los que se escapa el dinero público. Para darle un toque de humor a la cosa, diré que cada día queda menos para que una IA los sustituya para hacerlo mucho mejor y por menos dinero ;-)))
La clave para entender el “atraco” es que la estructura de máximo 5 niveles 30 está pensada para ministerios de verdad. Es decir con funciones y competencias. Lo grave del caso es que Igualdad tiene todas sus competencias reales transferidas a las CCAA. Solo tiene la función de hacer subvenciones (una jefatura servicio N 26 es suficiente), algo de legislación genérica que con un consejero técnico N 28 de sobra así como seguimiento y estadísticas que con otra jefatura servicio de sobra.
Y eso se cubre con funcionarios. Asistimos a una hiperinflación de cargos y a una auténtica privatización de los puestos de dirección
A la vista del currículo de, por ejemplo, Teresa Arévalo, sería interesante conocer la materia sobre la que asesora.