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Claves para entender la petición de confinamiento en Lleida: las órdenes del Govern, la no ratificación del juzgado y el desafío de Quim Torra
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Claves para entender la petición de confinamiento en Lleida: las órdenes del Govern, la no ratificación del juzgado y el desafío de Quim Torra

Este 12 de julio el Govern dio la orden de confinamiento estricto en Lleida pero no fue ratificada por el juzgado. ¿Qué significa esto? Quim Torra ha anunciado que aprobará un decreto ley. Te lo explicamos 

Foto: EFE/ Toni Albir.

El pasado 4 de julio la Generalitat ordenaba medidas restrictivas para la comarca leridana del Segrià ante el aumento de casos de coronavirus. Se restringieron entradas y salidas en el territorio afectado y el juzgado de instrucción número 4 de Lleida ratificó dicho confinamiento ante el riesgo «inminente y extraordinario para la salud pública» aunque lo limitaba a un periodo de quince días prorrogable.

Sólo unos días después, el 12 de julio, el Govern decidía endurecer las restricciones mediante una nueva orden. Una especie de confinamiento domiciliario parcial para Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

Sin embargo, esta vez la Fiscalía Provincial de Lleida se opuso a que la justicia ratificara esta nueva decisión la Generalitat y la orden de confinamiento no fue avalada por el  Juzgado de Instrucción 1 de Lleida al considerar la medida “desproporcionada y de competencia estatal”. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, rechazaba este lunes la decisión judicial y anunciaba la aprobación de un decreto ley para reafirmar las medidas adoptadas en Lleida.

Dicho decreto ley se publicó el lunes por la noche, y reforma la ley 18/2009 de Salud Pública de Cataluña, añadiendo un punto que establece que en situaciones de pandemia, “las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de limitación a la actividad, del desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales”.

[Consulta aquí el decreto ley | pdf]

¿Por qué Torra anuncia un decreto de estas características? ¿Qué puede y qué no puede hacer una comunidad autónoma? Te lo explicamos.

¿Cuándo puede confinar zonas una comunidad?

“La competencia de Sanidad es propia de las comunidades autónomas», explica a Newtral.es Marc Tarrés, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona y colaborador de la UOC. “A partir de ahí, cada comunidad, con los diferentes instrumentos jurídicos que tiene puede articular sus propias medidas».

«Sin embargo, y a pesar de que las autoridades sanitarias de una comunidad pueden adoptar las medidas que les competen, siempre están sometidas a la autorización o ratificación judicial. Cuando se adoptan medidas que de algún modo pueden afectar o limitar derechos fundamentales es necesaria esa ratificación judicial”, afirma Tarrés.

“Por eso todas las disposiciones llevan la coletilla que se establece en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en su artículo 8, apartado sexto”, continúa. Dice textualmente que “corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental”.

¿Y si un ciudadano considera que alguna de las limitaciones no es justa, puede hacer algo? “Claro. Si un ciudadano cree que una limitación carece de fundamento puede acudir a un juez de lo contencioso y allí  es donde se valoraría el caso”, contesta Marc Tarrés.

El Govern confina la comarca del Segrià

El pasado 4 de julio la Generalitat ordenaba el confinamiento perimetral de la comarca leridana del Segrià, ante el aumento de casos de coronavirus. Se restringieron así las entradas y salidas en el territorio afectado en principio sin fecha límite aunque se estimaba que podría durar la situación unos 15 días. 

Lo anunciaba el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras participar en una reunión urgente del Procicat (Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña), convocada ante el aumento de casos de contagio en la provincia. Quedaba prohibida «toda salida o entrada de la comarca del Segrià, excepto las personas trabajadores en sus desplazamientos por motivos laborales a sus centros de trabajo, incluido el transporte, la prestación de servicios, el comercio y las actividades empresariales y otras económicas» en palabras del conseller de Interior, Miquel Buch.

A esas restricciones a la movilidad, cuyo incumplimiento sería sancionado con multas, se sumaba la prohibición de las reuniones de más de diez personas, tanto en el ámbito privado como en el público, así como el consejo de «reducir la actividad social», especialmente los contactos con entornos diferentes, según explicaba la consellera de Salud, Alba Vergès.

En este caso el juez de guardia de Lleida ratificó el confinamiento perimetral del Segrià, ante el riesgo «inminente y extraordinario para la salud pública», aunque lo limitó a un período de quince días que podría prorrogarse en función de la evolución de la pandemia. En el auto, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida avalaba la resolución de la Generalitat ante el aumento de contagios por coronavirus, con una incidencia de 149,1 casos por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas.

La Generalitat endurece el confinamiento en Lleida

Solo ocho días después del confinamiento de la comarca leridana del Segrià, este 12 de julio la Generalitat anunciaba el endurecimiento de las restricciones en Lleida, a la capital de la provincia y a otras siete poblaciones de la comarca del Segrià. Se trataba de una especie de confinamiento domiciliario parcial, para intentar contener el aumento de los contagios de COVID-19 que se explica en esta orden. Se calcula que en esta comarca viven unas 210.000 personas.

Según la misma “a partir de las 00.00 horas del 13 de julio de 2020, queda prohibida toda salida y entrada a los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre, y a las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat, excepto los desplazamientos por motivos laborales en razón de servicios considerados esenciales”.

La consellera de Salud, Alba Vergés pedía limitar las salidas de casa de los ciudadanos de esas poblaciones a necesidades de fuerza mayor. “La población debe permanecer en casa y salir solo para ir a trabajar, siempre que no puedan hacer teletrabajo, y hacer las compras de primera necesidad”, ha dicho, tal y como pone en el punto tercero de la orden. El presidente de la Generalitat, aseguraba que estas nuevas medidas eran “necesarias» mientras que la consellera de Salud negaba que se tratase de un «confinamiento domiciliario total”.

La juez no ratifica este nuevo confinamiento

Sin embargo esta vez no ha habido ratificación judicial para la decisión de la Generalitat y la Justicia ha acordado no avalar la decisión del Govern de que por el rebrote de coronavirus en la comarca del Segrià (Lleida), desde las 0:00 h de este lunes se prohibiera toda salida y entrada a Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat.

La juez del Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, afirma que su decisión -que se puede recurrir- se basa en que ve desproporcionada la resolución del Govern, cuyo objetivo, además, «no es sino eludir la aplicación del estado de alarma parcial» y que ésta es una competencia estatal.

Para Tarrés “la juez cree que las medidas que proponen son el mismo tipo de medidas que estaban previstas en el Real Decreto 463/2020 del estado de alarma y recuerda al Presidente de la Generalitat, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que puede solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma en su territorio”.

Añade además el auto que “según las cifras presentadas entendemos que la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con los datos expuestos”. 

“Recordemos que hay que informar al Ministerio Fiscal porque afecta a derechos y libertades y el ministerio fiscal informó desfavorablemente”, cuenta Tarrés. La Fiscalía Provincial de Lleida se había opuesto a que la justicia ratificara la decisión la Generalitat. El fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, alegaba en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1, y recogido por Europa Press, que «es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso».

Torra no se rinde: “Aprobaremos un decreto ley”

«No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. Asumo las consecuencias que se deriven, pero no se puede jugar con la salud de las personas», decía hoy mismo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en una rueda de prensa en la que le acompañaba el vicepresidente y conseller de Economía, Pere Aragonès.

«Queremos reforzar la seguridad jurídica y esta tarde se va a aprobar un decreto ley que regulará cómo actuar en cualquier punto de Cataluña ante un rebrote», ha anunciado Torra que se reafirma en las medidas de confinamiento adoptadas en la zona, pese a de que el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida, en funciones de guardia, haya rechazado ratificarlo.

Para el presidente de la Generalitat las decisiones aprobadas desde el Govern no pueden quedar encalladas en un conflicto competencial en los juzgados, y por ello ha pedido a la población del Segrià que se proteja ante el avance del coronavirus y sigan las indicaciones el Govern y no las del juzgado «por su bien».

“Aquí estaríamos ante dos tipos de legitimación. Una cosa es una norma reglamentaria o una resolución, un acto administrativo como es esta resolución que no se ha ratificado y otra cosa es cuando en el ejercicio de sus competencias, que es lo que habría que examinar, la Generalitat decide hacer un decreto ley”, analiza Tarrés. 

“En un decreto ley un juez de lo contencioso ya no tiene que ratificar nada. Ahí tendrá que ser el Gobierno el que considere si puede haber o no un conflicto de competencias o si se ha extralimitado o no la comunidad autónoma”, dice Tarrés, “esto habría que examinarlo con atención. “En todo caso el decreto ley es de inmediata aplicación y aunque hay que convalidarlo de entrada ya lo puedes aplicar”, termina este experto.

Sanidad actuará en focos que afecten a varias CCAA

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que actuará en brotes de coronavirus que afecten a dos o más comunidades declarando la actuación coordinada, un paso previo al estado de alarma que deberá someter y ser aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Así consta en el «Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19» que el departamento que dirige Salvador Illa trasladará esta tarde a las comunidades para su aprobación definitiva el próximo jueves. 

El documento, que compila muchas de las medidas que ya están en marcha, establece que sea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad (CCAES) el que, en coordinación con la autonomía, evalúe el riesgo de brotes localizados o incrementos de la transmisión que conlleven la activación de una respuesta rápida.

La evaluación de riesgo para cada comunidad tendrá en cuenta, entre otros, el ámbito territorial; los indicadores relativos a la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y de salud pública; la exposición al riesgo; las características de la población susceptible expuesta o la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control.

Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de actuación en caso de brotes, y de suponer una privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental, deberán ser ratificadas por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. No obstante, prevé otros dos mecanismos si el coronavirus traspasa las fronteras de una comunidad: en el primero, Sanidad podrá echar mano de las actuaciones coordinadas en salud pública, previo conocimiento del pleno del Consejo Interterritorial, y que serían de obligado cumplimiento para todas. El otro es el estado de alarma.

ACTUALIZACIÓN | Este análisis se actualizó a las 9:22h del 14 de julio de 2020 para añadir la aprobación del decreto ley 27/2020 que reforma la ley de salud pública de Cataluña.

Fuentes:

  • RESOLUCIÓN SLT/1671/2020, de 12 de julio, por la que se adoptan nuevas medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre, y en las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat
  • RESOLUCIÓN INT/1607/2020, de 4 de julio, por la que se acuerda restringir la salida de personas de la comarca de El Segrià
  • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
  • Marc Tarrés, profesor de derecho administrativo de la Universidad de Barcelona y colaborador de la UOC
  • Ministerio de Sanidad

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